La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, y la copresidenta de Conjuntos
Deifusos, Ángeles Gutiérrez, se ecadenarán “en las inmediaciones del
Parlamento de Andalucía” el próximo 7 de noviembre si no se aceptan sus “demandas”.
Los dos principales colectivos de transexuales de Andalucía, Asociación de Transexuales de Andalucía
(ATA) y Conjuntos Difusos, iniciarán una huelga de hambre si el
Gobierno andaluz sigue aplazando la aprobación de la Ley Integral de
Transexualidad. La presidenta de ATA, Mar Cambrollé, y la copresidenta
de Conjuntos Deifusos, Ángeles Gutiérrez, se ecadenarán “en las
inmediaciones del Parlamento de Andalucía” el próximo 7 de noviembre si no se aceptan sus “demandas”.
Y las exigencias de los colectivos son,
básicamente, que se apruebe la norma, a la que desde la Junta llevan
dando vueltas, “mareando la perdiz” para los colectivos, desde hace ya
un año. La aprobación de esta ley evitaría casos como el del colegio San
Patricio de Málaga, que se niega a tratar a una niña transexual como lo
que es, una niña. Otra de las demandas del colectivo, contempladas en
el proyecto de ley, es la descentralización de la atención sanitaria y la despatologización de la transexualidad.
El borrador, como ya lo hiciera la ley de Argentina, está basada en la
autodeterminación del género y, de ser aprobada con los requisitos que
piden los colectivos, Andalucía se colocaría a la vanguardia mundial en el trato y atención a las personas transexuales.
Desde los colectivos explican que si la
norma todavía no ha visto la luz ha sido por el freno realizado desde la
Consejería de Sanidad a dos artículos, que versan sobre “los principios
de la asistencia sanitaria en el Servicio Andaluz de Salud” (artículo
10) y sobre la “atención sanitaria” (artículo 11). En estos artículo se
recoge el tratamiento sanitario a los menores transexuales.
Cualquier persona transexual de Andalucía
que quiera acceder a la atención sanitaria pública tiene que
trasladarse hasta Málaga, donde se encuentra, en el Hospital Provincial,
la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género. Allí se realizan los
test psicológicos que determinan, para el sistema de salud, si una
persona es transexual y, por tanto, tiene derecho a las hormonas y/o la
cirugía. “La transexualidad no es una enfermedad, y no hay test
sicológico que lo determine”, denuncia Cambrollé, que asegura que el
tratamiento que reciben de la UTIG es “humillante” y “menoscaba” los
derechos de las personas trans.
El ultimátum de los colectivos a la Junta de Andalucía
da de plazo hasta el 20 de diciembre, fecha en la que finaliza el
segundo periodo de sesiones, para que se registre el texto “y sea
presentado como Proyecto de Ley del Gobierno Andaluz”.
CUATRO AÑOS DESDE EL COMPROMISO PARLAMENTARIO
El PSOE registró en noviembre del año 2009 una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía
para evitar la discriminación de las personas transexuales. La
propuesta contó entonces con el apoyo de los tres grupos con
representación en la cámara autonómica: PSOE, PP e IU. Era un primer
paso, simbólico y de compromiso político, hacia una ley integral de
transexualidad que, cuatro años después, sigue siendo eso, solo un compromiso político.
“Necesitamos esa ley para que no se sigan vulnerando los derechos
fundamentales de las personas transexuales”, explica Mar Cambrollé,
presidenta de ATA, la Asociación de Transexuales de Andalucía.
Izquierda Unida recuperó la iniciativa
de cara a las elecciones autonómicas de 2012. IU trasladó la propuesta
de su programa electoral hasta el pacto del Gobierno con el PSOE. Pero
ambos partidos, que gobiernan Andalucía,
se están retrasando en la tramitación de la norma y en los plazos dados
a los colectivos de transexuales hace cinco meses desde los grupos
parlamentarios.
El pasado mes de diciembre el grupo parlamentario de la coalición de izquierdas registró en la cámara andaluza un proyecto de ley que había sido trabajado de forma conjunta por ATA, el colectivo Conjuntos Difusos
y el área LGTB de IU, Aleas. Pero igual que se presentó se retiró dos
meses después, en febrero. La parlamentaria Alba Doblas (IU) aseguró
entonces que habían surgido “algunas dudas” que podían suponer “un
informe desfavorable por parte del Consejo de Gobierno” hacia la
propuesta hecha desde los colectivos. El compromiso entonces fue
registrar el proyecto “antes de que finalizara el periodo de sesiones,
en el mes de junio”, según detalló Cambrollé.
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