jueves, 31 de octubre de 2013

La ONU presiona a Uruguay para esclarecer asesinatos de personas transgénero

El Comité "expresó su consternación por la muerte violenta de al menos cinco mujeres transexuales en 2012, en circunstancias que podrían ser consideradas como indicativas de un patrón de violencia por motivos de identidad de género" 

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas urgió a Uruguay a investigar los asesinatos de personas transgénero e identificar a los responsables y enjuiciarlos.

Así lo afirmó en rueda de prensa en Ginebra el jurista argentino Fabián Salvioli, al presentar un informe con las conclusiones de los expertos de dicho organismo sobre la evaluación de Uruguay.

El Comité "expresó su consternación por la muerte violenta de al menos cinco mujeres transexuales en 2012, en circunstancias que podrían ser consideradas como indicativas de un patrón de violencia por motivos de identidad de género", cita el documento.

El estado parte, señaló, debe intensificar sus esfuerzos para luchar contra la discriminación de las personas LGBT en todos los ámbitos, y ofrecer una protección efectiva a este colectivo.

Además, llamó a Uruguay a establecer un sistema estadístico que permita obtener datos desagregados acerca de este tipo de violencia.

Por otra parte, el comité mostró su preocupación por el hecho de que en el Código penal "no figure el delito de violación conyugal".

"El estado parte debe tipificar como delito la violación conyugal e investigar con todos los medios a su alcance los hechos de violencia contra la mujer", recomendó el Comité, que subrayó la urgencia de identificar a los responsables, enjuiciarlos e imponer las penas apropiadas.

Otro punto de preocupación para los expertos de la ONU es el hacinamiento en las cárceles en el país sudamericano y le instó a limitar el periodo legal de prisión preventiva y velar que se imponga únicamente como medida excepcional.

En cuanto a los crímenes cometidos en la dictadura, Salvioli reconoció que en el comité hubo "mucha preocupación acerca de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que contradice las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y condenar graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar".

Relacionado a esto el presidente del comité, Nigel Rodley, señaló que en años recientes los países latinoamericanos que habían aprobado leyes de amnistía como Argentina o Chile, decidieron revisar estas normas, y Uruguay fue uno de los estados sudamericanos que decidió seguir con este ejemplo.

Sin embargo, de pronto la Suprema Corte dijo que la ley que autorizaba juzgar estos crímenes es inconstitucional, con base en un análisis del derecho internacional "que realmente es muy difícil de reconciliar con el enfoque de cualquier entidad relevante en el derecho internacional", valoró.


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