El Indec y el Inadi, junto a organizaciones sociales, llevarán adelante por primera vez una encuesta en todo el país sobre las condiciones de vida de travestis, transexuales y transgénero. A partir del lunes, habrá una prueba piloto en La Matanza.
“El Estado pasó de patologizar a la población trans a reconocer sus derechos”, señalan en el Inadi.
La condición de marginalidad en que vive la población travesti, transexual y transgénero será reconocida por primera vez en la historia argentina a través de datos oficiales. En el marco de la reciente promulgación de la Ley de Identidad de Género, el Estado realizará una encuesta inédita en el país y en América latina que permitirá conocer cuál es el acceso de las personas trans a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y la Justicia. El estudio será realizado a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en convenio con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y con la participación de organizaciones sociales, con el objetivo de que facilite la elaboración de políticas públicas de inclusión. Del lunes próximo al 29 de junio, los mecanismos de recolección de información serán puestos a prueba en el partido de La Matanza.
“La trans es una población vulnerada en todos los aspectos. Se estima que tienen un promedio de vida de entre 38 y 45 años, lo que quiere decir que se mueren jóvenes y que se mueren enfermas”, introduce en diálogo con este diario el director nacional de Estadísticas Sociales y Población del Indec, Rubén Nigita. La realización de la encuesta nacional sobre población trans, travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans surgió el año pasado, producto del convenio entre el organismo de estadísticas y el Inadi, al calor del debate del entonces proyecto de Ley de Identidad de Género. Además, forman parte de la iniciativa, las organizaciones sociales de diversidad sexual Cooperativa Amazonas del Oeste, Miser, Mal, Putos Peronistas y Cooperativa Silvia Ribera. “Hay antecedentes de estudios realizados por organismos de la sociedad civil, pero será la primera vez que se releve con representatividad nacional no sólo en Argentina, sino en Latinoamérica. Por eso, lo primero es probar la metodología.”
El partido de La Matanza “es una excelente muestra porque tiene una fuerte presencia de organizaciones sociales, es el distrito más poblado de Argentina y un espacio donde se conjugan los diferentes estratos socioeconómicos de la República. Sobre todo, probaremos los mecanismos de convocatoria porque es muy importante que participen, no sólo quienes están en contacto con las organizaciones territoriales, sino las personas en situación de marginalidad”.
La estrategia de difusión abarcó centros de salud, boliches bailables, organizaciones sociales y oficinas de desarrollo social, explica Martín Canevaro, coordinador del Programa de Diversidad Sexual del Inadi. “Este es un ejercicio totalmente nuevo para el Estado. Estamos en un momento bisagra, producto de la Ley de Identidad de Género. El Estado ha pasado en pocos años de patologizar a la población trans –antes de la Ley de Salud Mental, promulgada en 2010– a reconocer sus derechos. En ese marco, hay realidades conocidas socialmente, pero que no tienen una relación con datos oficiales. Sólo conociendo la realidad sociodemográfica de la población se puede desarrollar una política pública que revierta esa situación.”
Para Diana Sacayan, coordinadora de Mal (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación), “de ninguna manera es inocente que recién ahora el Estado quiera conocer la realidad de nuestra población. Formó parte de las políticas de Estado de excluir e invisibilizarnos. Los problemas habitacionales de nuestras compañeras de Rafael Castillo no los cuenta nadie, porque en el Censo nacional figurábamos como varones. Hoy, el panorama es absolutamente distinto: el Estado que nos reivindica capacitará a unas diez compañeras travestis para que realicen las encuestas en La Matanza. Después de tanto maltrato, ese es un enorme paso en la recuperación de la autoestima para ellas, muchas se encuentran en situación de extrema pobreza o tienen que prostituirse. Yo me siento privilegiada de tener un trabajo formal”. Según el estudio compilado en el libro Cumbia, copeteo y lágrimas (Lohana Berkins, 2007), el 95 por ciento de la población travesti se encuentra en situación de prostitución, mientras que el 77 por ciento de ellas preferiría no hacerlo. “Es muy distinto pensarnos construyendo un futuro, y lo dice una persona que ha pasado por calabozos, torturas, maltratos y logró concretar un cambio en su vida.”
Noelia Luna, coordinadora nacional de Miser, apunta en el mismo sentido que “la prostitución es el capitalista más grande con el que las personas trans tienen que luchar para dejar a calle. Sólo dos de cada diez de mis compañeras tienen un trabajo formal”. En esa línea, describió que “la violencia y la persecución de la policía continúan a la orden del día porque vivimos en un sistema de pobreza y extrema vulnerabilidad. Las compañeras no llegan a completan el primario, el 80 por ciento no completa el secundario. Necesitamos que esa realidad deje de ocultarse”.
Informe: Rocío Magnani.
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