Dos años después de la muerte de Franco, el Front d’Alliberament Gai
de Catalunya, (FAGC), convoca el 26 de 1977 la primera manifestación
del Orgullo en España, con unas demandas claras y ajustadas al momento
social y político: “Mi cuerpo es mío y hago con él lo que me da la
gana”, “¡Amnistía sexual!” y “¡No somos peligrosos!”.
03/03/2013 - Mar Cambrollé | Opinión Con estas
consignas hacían referencia a la abolición de la Ley de Peligrosidad
Social, a la amnistía para los presos por su orientación e identidad
sexual y reivindicaban el derecho a la libre utilización del propio
cuerpo.
Las cárceles de Huelva y Badajoz vieron pasar por sus instalaciones a cerca de 5.000 presos, la mayoría de ellos personas trans, ya que fueron por su realidad identitaria las más visibles y, por tanto, objeto de la más brutal represión.
La identidad sexual en aquellos tiempos era negada. Eran los travestís o los “maricones” más afeminados, una discriminación que se encargó de invisibilizar la realidad de las “mujeres transexuales”.
Entrada la democracia, la ley siguió en vigor, aunque
sin aplicación de facto para los homosexuales.
En enero de 1979 se eliminaron varios artículos de la ley, entre ellos
el referente a «los actos de homosexualidad». La lucha de los
colectivos homosexuales se centró entonces en conseguir la modificación
de la ley sobre el escándalo público, consiguiéndolo en 1983, y siendo
su derogación en 1989.
La ley de peligrosidad social fue derogada completamente el 23 de noviembre de 1995.
Tras
las elecciones generales del día 15 de junio de 1977, el Congreso de
los Diputados ejerció la iniciativa constitucional que le otorgaba el
articulo 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de
julio de 1977, el Pleno aprobó una moción redactada por todos los Grupos
Parlamentarios y la Mesa por la que se creaba una Comisión
Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución.
Este proceso culminó en diciembre de 1978, cuando su Majestad el Rey sancionó la Constitución
durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del
Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el miércoles 27 de
diciembre de 1978. El Boletín Oficial del Estado publicó la Constitución
el día 29 de diciembre de 1978.
Como podemos apreciar por las
fechas, celebradas las elecciones de 1977, el 15 de octubre de 1977 se
aprueba la amnistía para los presos políticos, siendo ésta para los
presos “sociales” dos años después cuando en enero de 1979 se
despenaliza “los actos por homosexualidad”.
Después de mas de
treinta años de lucha de los colectivos LGTB, con el apoyo de las
fuerzas políticas de progreso y un gran apoyo social, España da un gran
paso hacia la IGUALDAD, a propuesta del PSOE, que cuenta con el apoyo de
todas las fuerzas políticas menos del Partido Popular,
se
aprueba en julio de 2005 una ley que modificaba el código civil y
permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la
adopción de menores por parte de los cónyuges.
Mientras
que los partidarios de la medida estimaban que la verdadera igualdad
sólo se consigue si se equiparaban todas las parejas en una misma figura
jurídica, el “matrimonio”, sus oponentes opinan que el término
"matrimonio" debería reservarse a la unión de un hombre y una mujer. La
Iglesia Católica en particular se opuso a esta ley, considerándola un
ataque a la institución del matrimonio. Otras asociaciones también
expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que las personas
homosexuales pudieran adoptar menores.
Pero el compromiso con la
IGUALDAD, desplegó un gran debate social y apoyo al matrimonio entre
personas del mismo sexo y el derecho a la adopción de menores, al que se
sumaron e hicieron su bandera todos los partidos políticos, movimientos
sociales, académicos, artistas y representantes de la cultura. Tras
siete años de incertidumbre por el recurso presentado por el Partido
Popular,
en noviembre de 2012 el Tribunal Constitucional avala el matrimonio entre personas del mismo sexo y considera que el interés del menor queda salvaguardado en estas uniones,
afirmando que "no existe certeza que permita afirmar actualmente que
estas condiciones" de idoneidad "no puedan ser proporcionadas por una
pareja homosexual".
En todo este tiempo y lucha
las personas transexuales aún tenemos unas demandas de derechos que nos acerquen a la IGUALDAD. Son pocos los avances que se han producido para equiparar a la comunidad transexual con el resto de la ciudadanía.
Ciertamente,
en los últimos años se han producido avances en la reivindicación de la
despatologización de la transexualidad. En una doble vertiente. De una
parte,
se ha buscado la desclasificación del trastorno de los manuales de enfermedades. De otra,
se
ha solicitado que las personas transexuales sean reconocidas como
protagonistas y sujetos activos en los tratamientos médicos que puedan
requerir, ostentando capacidad y legitimidad para decidir por sí mismas,
con autonomía y responsabilidad sobre sus propios cuerpos.
Junto a estas reivindicaciones y en relación a la identidad de género,
en los últimos años ha emergido, asimismo, una novedosa perspectiva
socio-jurídica que
reconoce la libre expresión del género de las personas como un derecho humano fundamental.
Este prisma se ha materializado en diversos documentos e informes de ámbito internacional, de entre los que destacan los
Principios de Yogyakarta y el Informe
“Derechos Humanos e Identidad de Género”
de Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de
Europa, publicado en julio de 2009. En dichos escritos se afirma que
“seguir
considerando las identidades transexuales como enfermedades mentales u
orgánicas supone una vulneración de los derechos humanos de las
personas”.
Incluso en aquellas sociedades más avanzadas
en la aceptación y reconocimiento de la transexualidad, el colectivo de
personas transexuales padece fuertes grados de rechazo social,
dificultades para la inserción en el mercado laboral, en el acceso a la
vivienda, a la asistencia sanitaria, en el ejercicio de sus derechos
familiares, sexuales y reproductivos, que convierten al colectivo de
personas transexuales en uno de los más desfavorecidos de la sociedad.
Ahora, por la Igualdad Trans.
Es
necesaria una Ley Integral de Transexualidad que garantice la no
discriminación por motivos de identidad de género y los derechos de la
personas transexuales, menores incluidos.
En esta tarea
debemos estar todos, las fuerzas políticas de progreso, movimiento
social, lesbianas, gays, bisexuales y ciudadanía en general, sumando a
esta lucha por la equiparación de derechos en todos los ámbitos a las
personas transexuales.
En la sanidad: Por una
atención igualitaria de acceso a la sanidad pública, donde prevalezca la
libre expresión del género, como un derecho humano fundamental e
inalienable, despatologizando los protocolos de atención que quebrantan
los Derechos Constitucionales de las personas transexuales. La inclusión
de los menores transexuales, debe de estar basada en la experiencia
práctica y recomendada de todos los países que atienden a menores
transexuales, EEUU, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia,
Francia y en las Leyes y Tratados que protegen a los menores. Son una
realidad, existen y viven como niñas o niños, no atenderlos por
“prejuicio”, “ignorancia” o “miedo” a las voces mas conservadoras, es
empujarlos al “armario”, es incrementar el sufrimiento y la angustia de
ellos y de sus familias.
Hemos sido valientes en afrontar del debate
social si las parejas del mismo sexo deberían a adoptar o no a menores,
defendiendo el interés del menor contra las afirmaciones más
ultraconservadoras de quienes están en contra de la IGUALDAD y de los
Derechos Humanos. Ahora es el momento de los “menores transexuales”.
En el empleo:
Con políticas activas y de discriminación positiva, que posibilite el
acceso al mercado laboral de personas que son discriminadas por su
identidad, con especial mención a las mujeres.
En la educación:
Consideramos necesario y fundamental educar en la diversidad
afectivo-sexual, sin complejos y desde los primeros años de la
enseñanza. Actualmente nos encontramos con un sistema educativo que
padece graves déficits, entre ellos destacamos que las y los
profesionales de la educación no cuentan con recursos o herramientas que
ayuden a identificar, mediar o resolver los conflictos y la violencia
derivados de la diversidad afectivo-sexual, y son alarmante las
verdaderas situaciones de violencia que sufren los y las adolescentes
transexuales por el mero hecho de su identidad sexual.
La Consejería de Educación debe velar para que los estudiantes,
personal y docentes presentes en los centros educativos de la Comunidad
de Andalucía tengan el derecho a ver su identidad de género y su nombre
elegido reflejados en la documentación administrativa de sus centros, en
especial aquella de exposición pública como listados de alumnos,
calificaciones académicas o censos electorales para elecciones
sindicales, con independencia de su situación en el Registro Civil.
Por el derecho a todos los derechos, de niñas, niños, mujeres y hombres transexuales, ¡Ley Integral de Transexualidad, YA!
(Tomado de página web Cascara Amarga)
