Kiara Villanueva fue asesinada en la madrugada del sábado 17 cuando regresaba a su casa en Santo Domingo tras actuar en un restaurante de Boca Chica. Villanueva, de 33 años, era una de las fundadoras de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), organización de transexuales, travestis y transgénero de la República Dominicana.
Villanueva recibió varias puñaladas, y aunque llegó con vida al hospital fallecía pocas horas después a consecuencia de las heridas. Kiara Villanueva, una de las fundadoras de TRANSSA, trabajaba como estilista y los fines de semana hacía representaciones artísticas, ocupaciones que la habían obligado a dedicar menos tiempo al activismo, aunque “siempre se mantuvo dispuesta a colaborar cuando se le requería”, según afirma la página web de la organización.
Una nueva muerte que viene a sumarse a los frecuentes episodios de violencia ocurridos en República Dominicana contra mujeres transexuales a lo largo de los últimos años, de los cuales solo unos pocos trascienden. La última vez que recogimos una muerte fue en mayo de 2010, cuando Monchina, una mujer transexual trabajadora del sexo, moría a manos de un cliente. Meses antes informamos del asesinato de Kelli Correa, otra de las promotoras de TRANSSA.
Condena de ATA y petición al Ministerio de Asuntos Exteriores
En España la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) ha condenado el asesinato de Kiara Villanueva, que “viene a sumar una nueva victima a las 265 muertes ocurridas en el último año, según datos de Transgender Europe. De nuevo las zarpas del fascismo-cisexista acaban con la vida de otra mujer transexual”.
La muerte de Kiara Villanueva se produjo solo un par de días antes de la celebración del Día Internacional de la Memoria Transexual, conmemoración que rinde homenaje a todas las personas asesinadas por el odio tránsfobo. Una circunstancia que para ATA “deja patente cuan discriminada y carentes de derechos fundamentales está la comunidad transexual en muchos países del mundo”, en palabras de su presidenta, Mar Cambrollé.
ATA ha instado además al Ministerio de Asuntos Exteriores a que eleve una petición formal al Tribunal Europeo de Derechos Humanos “para que cesen estos asesinatos y se depuren responsabilidades”. “El derecho a la vida y a la integridad física y moral, deben ser garantizados en cualquier lugar del mundo, es una responsabilidad de los gobiernos proteger a los grupos sociales más vulnerables”, ha añadido Cambrollé.
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