Dos años después de la muerte de Franco, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, (FAGC), convoca el 26 de 1977 la primera manifestación del Orgullo en España, con unas demandas claras y ajustadas al momento social y político: “Mi cuerpo es mío y hago con él lo que me da la gana”, “¡Amnistía sexual!” y “¡No somos peligrosos!”.
03/03/2013 - Mar Cambrollé | Opinión Con estas consignas hacían referencia a la abolición de la Ley de Peligrosidad Social, a la amnistía para los presos por su orientación e identidad sexual y reivindicaban el derecho a la libre utilización del propio cuerpo.Las cárceles de Huelva y Badajoz vieron pasar por sus instalaciones a cerca de 5.000 presos, la mayoría de ellos personas trans, ya que fueron por su realidad identitaria las más visibles y, por tanto, objeto de la más brutal represión. La identidad sexual en aquellos tiempos era negada. Eran los travestís o los “maricones” más afeminados, una discriminación que se encargó de invisibilizar la realidad de las “mujeres transexuales”.
Entrada la democracia, la ley siguió en vigor, aunque sin aplicación de facto para los homosexuales. En enero de 1979 se eliminaron varios artículos de la ley, entre ellos el referente a «los actos de homosexualidad». La lucha de los colectivos homosexuales se centró entonces en conseguir la modificación de la ley sobre el escándalo público, consiguiéndolo en 1983, y siendo su derogación en 1989. La ley de peligrosidad social fue derogada completamente el 23 de noviembre de 1995.
Tras las elecciones generales del día 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa constitucional que le otorgaba el articulo 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de 1977, el Pleno aprobó una moción redactada por todos los Grupos Parlamentarios y la Mesa por la que se creaba una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución. Este proceso culminó en diciembre de 1978, cuando su Majestad el Rey sancionó la Constitución durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el miércoles 27 de diciembre de 1978. El Boletín Oficial del Estado publicó la Constitución el día 29 de diciembre de 1978.
Como podemos apreciar por las fechas, celebradas las elecciones de 1977, el 15 de octubre de 1977 se aprueba la amnistía para los presos políticos, siendo ésta para los presos “sociales” dos años después cuando en enero de 1979 se despenaliza “los actos por homosexualidad”.
Después de mas de treinta años de lucha de los colectivos LGTB, con el apoyo de las fuerzas políticas de progreso y un gran apoyo social, España da un gran paso hacia la IGUALDAD, a propuesta del PSOE, que cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas menos del Partido Popular, se aprueba en julio de 2005 una ley que modificaba el código civil y permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la adopción de menores por parte de los cónyuges.
Mientras que los partidarios de la medida estimaban que la verdadera igualdad sólo se consigue si se equiparaban todas las parejas en una misma figura jurídica, el “matrimonio”, sus oponentes opinan que el término "matrimonio" debería reservarse a la unión de un hombre y una mujer. La Iglesia Católica en particular se opuso a esta ley, considerándola un ataque a la institución del matrimonio. Otras asociaciones también expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que las personas homosexuales pudieran adoptar menores.
Pero el compromiso con la IGUALDAD, desplegó un gran debate social y apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho a la adopción de menores, al que se sumaron e hicieron su bandera todos los partidos políticos, movimientos sociales, académicos, artistas y representantes de la cultura. Tras siete años de incertidumbre por el recurso presentado por el Partido Popular, en noviembre de 2012 el Tribunal Constitucional avala el matrimonio entre personas del mismo sexo y considera que el interés del menor queda salvaguardado en estas uniones, afirmando que "no existe certeza que permita afirmar actualmente que estas condiciones" de idoneidad "no puedan ser proporcionadas por una pareja homosexual".
En todo este tiempo y lucha las personas transexuales aún tenemos unas demandas de derechos que nos acerquen a la IGUALDAD. Son pocos los avances que se han producido para equiparar a la comunidad transexual con el resto de la ciudadanía.
Ciertamente, en los últimos años se han producido avances en la reivindicación de la despatologización de la transexualidad. En una doble vertiente. De una parte, se ha buscado la desclasificación del trastorno de los manuales de enfermedades. De otra, se ha solicitado que las personas transexuales sean reconocidas como protagonistas y sujetos activos en los tratamientos médicos que puedan requerir, ostentando capacidad y legitimidad para decidir por sí mismas, con autonomía y responsabilidad sobre sus propios cuerpos. Junto a estas reivindicaciones y en relación a la identidad de género, en los últimos años ha emergido, asimismo, una novedosa perspectiva socio-jurídica que reconoce la libre expresión del género de las personas como un derecho humano fundamental.
Este prisma se ha materializado en diversos documentos e informes de ámbito internacional, de entre los que destacan los Principios de Yogyakarta y el Informe “Derechos Humanos e Identidad de Género” de Thomas Hammarberg, Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, publicado en julio de 2009. En dichos escritos se afirma que “seguir considerando las identidades transexuales como enfermedades mentales u orgánicas supone una vulneración de los derechos humanos de las personas”.
Incluso en aquellas sociedades más avanzadas en la aceptación y reconocimiento de la transexualidad, el colectivo de personas transexuales padece fuertes grados de rechazo social, dificultades para la inserción en el mercado laboral, en el acceso a la vivienda, a la asistencia sanitaria, en el ejercicio de sus derechos familiares, sexuales y reproductivos, que convierten al colectivo de personas transexuales en uno de los más desfavorecidos de la sociedad.
Ahora, por la Igualdad Trans. Es necesaria una Ley Integral de Transexualidad que garantice la no discriminación por motivos de identidad de género y los derechos de la personas transexuales, menores incluidos.
En esta tarea debemos estar todos, las fuerzas políticas de progreso, movimiento social, lesbianas, gays, bisexuales y ciudadanía en general, sumando a esta lucha por la equiparación de derechos en todos los ámbitos a las personas transexuales.
En la sanidad: Por una atención igualitaria de acceso a la sanidad pública, donde prevalezca la libre expresión del género, como un derecho humano fundamental e inalienable, despatologizando los protocolos de atención que quebrantan los Derechos Constitucionales de las personas transexuales. La inclusión de los menores transexuales, debe de estar basada en la experiencia práctica y recomendada de todos los países que atienden a menores transexuales, EEUU, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, Francia y en las Leyes y Tratados que protegen a los menores. Son una realidad, existen y viven como niñas o niños, no atenderlos por “prejuicio”, “ignorancia” o “miedo” a las voces mas conservadoras, es empujarlos al “armario”, es incrementar el sufrimiento y la angustia de ellos y de sus familias.
Hemos sido valientes en afrontar del debate social si las parejas del mismo sexo deberían a adoptar o no a menores, defendiendo el interés del menor contra las afirmaciones más ultraconservadoras de quienes están en contra de la IGUALDAD y de los Derechos Humanos. Ahora es el momento de los “menores transexuales”.
En el empleo: Con políticas activas y de discriminación positiva, que posibilite el acceso al mercado laboral de personas que son discriminadas por su identidad, con especial mención a las mujeres.
En la educación: Consideramos necesario y fundamental educar en la diversidad afectivo-sexual, sin complejos y desde los primeros años de la enseñanza. Actualmente nos encontramos con un sistema educativo que padece graves déficits, entre ellos destacamos que las y los profesionales de la educación no cuentan con recursos o herramientas que ayuden a identificar, mediar o resolver los conflictos y la violencia derivados de la diversidad afectivo-sexual, y son alarmante las verdaderas situaciones de violencia que sufren los y las adolescentes transexuales por el mero hecho de su identidad sexual.
La Consejería de Educación debe velar para que los estudiantes, personal y docentes presentes en los centros educativos de la Comunidad de Andalucía tengan el derecho a ver su identidad de género y su nombre elegido reflejados en la documentación administrativa de sus centros, en especial aquella de exposición pública como listados de alumnos, calificaciones académicas o censos electorales para elecciones sindicales, con independencia de su situación en el Registro Civil.
Por el derecho a todos los derechos, de niñas, niños, mujeres y hombres transexuales, ¡Ley Integral de Transexualidad, YA!
(Tomado de página web Cascara Amarga)
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