Yasira ha sido víctima de abusos, coacciones, amenazas y agresiones físicas y sexuales por parte de las autoridades policiales de su país en numerosas ocasiones en los últimos 13 años, así como de discriminación social.
Para Yasira, la situación "era insostenible en Panamá". La joven llegó al aeropuerto de Barajas (Madrid) el pasado día 7 y pidió asilo por persecución en su país debido a su identidad sexual. La solicitud fue denegada por el Ministerio del Interior de España, a pesar de contar con un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), favorable a la admisión a trámite de su petición, al igual que la cautelarísima interpuesta por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para paralizar la expulsión.
El Ministerio denegó la solicitud de Yasira alegando que en Panamá la homosexualidad está despenalizada desde el año 2008, sin tener en cuenta la realidad social del país: los abusos perpetrados por policías u otros agentes y actores sociales, la falta de protección real y efectiva por parte del Estado. Asimismo el Ministerio relaciona además la violencia de género con la práctica de la prostitución, algo que Yasira niega.
A pesar de todos los esfuerzos, hoy, a las 11.50 horas, ha sido deportada y enviada de vuelta a Panamá, donde su vida corre peligro, a pesar de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitió un informe favorable para que se admitiera a trámite la petición de asilo.
La ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, recoge en sus artículos 3 y 7, las condiciones para el reconocimiento de la condición de refugiado, entre las que se encuentran: la pertenencia a un grupo determinado social y a la identidad sexual.
El Estado Español se adhirió a la Convención de Ginebra de 1951 en 1978 que junto con el Protocolo de Nueva York de 1967, define a la persona refugiada como aquella que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no puede o -a causa de dichos temores- no quiere acogerse a la protección de tal país.
El principio de no devolución es la prohibición impuesta a los Estados por el Derecho Internacional de la expulsión o devolución de una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren amenazadas, o pudiera sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes u otras transgresiones de sus derechos humanos.
“España ha destacado por la defensa de los derechos de las personas LGBT y ha sido considerada como referente mundial en el ámbito de los derechos humanos. Deportar a esta mujer a su país es condenarla a una muerte segura”, declara Mar Cambrolle, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía.
Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales y denuncian y condenan enérgicamente la deportación de Yasira después de que solicitara protección internacional. CEAR y FELGTB denuncian que la persecución por diversidad sexual y de género no está siendo tenida en cuenta en la práctica en la mayoría de las solicitudes que se presentan a España, pese a estar incorporada en la Ley de Asilo.
La denegación de este caso, no es un hecho aislado, sino una práctica seguida por el Ministerio de Interior quien está denegando la protección a muchas personas transexuales, gays, lesbianas y bisexuales que se ven obligadas a dejar sus países.
“Supongo que desde la comodidad de un despacho es muy fácil llamar ‘puta’ a una transexual panameña y devolverla a su país para que siga sufriendo, pero quiero remarcar que el Ministro del Interior español es tan responsable como las autoridades de Panamá de la suerte que corra Yasira. No se entiende su preocupación por la pervivencia de la especie en general y su falta de sensibilidad por una vida real”, ha afirmado Boti G. Rodrigo, presidenta de la FELGTB.
Estrella Galán, Secretaria General de CEAR por su parte ha manifestado que “El gobierno español está obligado a cumplir efectivamente la ley de Asilo y los compromisos internacionales asumidos, como así también el principio de no devolución de personas que puedan ser sometidas a tratos inhumanos o degradantes, como puede ocurrir con Yasira cuando sea devuelta a Panamá, donde su vida corre un grave peligro”.
Alberto Hidalgo, coordinador de ALEAS-IU, ha declarado que cree que “el ministro Fernández Díaz tiene ahora una nueva oportunidad para demostrar si realmente defiende la igualdad y el respeto a los derechos humanos, después de sus recientes declaraciones homófobas contra el matrimonio igualitario y la diversidad familiar”.
(Tomado de página web Cascara Amarga)
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