El Parlamento vasco ha aprobado esta mañana por unanimidad la ley que reconoce los derechos de los transexuales, una norma que permitirá a este colectivo, entre otras cuestiones, acceder a un nuevo documento administrativo mientras se desarrolla el proceso de reasignación de sexo. Será una especie de DNI que solo tendrá validez en los servicios que ofrezcan el Gobierno vasco, las tres Diputaciones y los Ayuntamientos.
La ley, que ha sido debatida bajo la atenta mirada de los colectivos de gais, lesbianas y transexuales de Euskadi, que han participado en su redacción junto con Asuntos Sociales, recoge otros derechos, como el de los menores a ser hormonados.
Es una “ley de derechos limitados”, ha reconocido el parlamentario del PNV Iñigo Iturrate, quien ha explicado que servirá para “sacar un libro de la biblioteca, para ir a la piscina, a sus vestuarios” para que un transexual pueda hacer todo eso “con una documentación que no les estigmatice aún más, que represente a las personas que están demandando esos servicios y ninguna otra”. “No es un DNI ni pretende serlo”, ha añadido, porque “no va a permitir tomar un avión”. “Pretende hacer la vida más fácil a los ciudadanos”, ha resumido. En la presentación del texto, la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ha resaltado que “supone apuntalar los derechos sociales y la igualdad”.
El articulado recoge el derecho a ese documento, a que los menores reciban asistencia sanitaria, incluida la terapia hormonal y psicológica, y establece por ley el servicio que ya funciona en Osakidetza desde hace dos años en el Hospital de Cruces, que realiza una atención integral a los transexuales en todo su proceso de reasignación de sexo y que ya ha atendido a 27 personas.Las medidas estarán al alcance de las personas con “residencia efectiva” en el País Vasco, sin necesidad de que estén empadronadas. En el caso del documento administrativo, seguirá vigente para los transexuales inmigrantes hasta que puedan realizar el cambio registral en su país de origen.
Sarai Montes, de Errespetuz, una de las portavoces del colectivo, ha considerado “muy positiva” la ley, porque abarca a inmigrantes y menores, así como los derechos sanitarios y laborales del colectivo. “Prácticamente nos ponemos a la cabeza de España”, ha apuntado, aunque ha recordado que “queda camino por recorrer” y que lo ideal sería que se pudiese acceder al DNI sin tener que esperar a que transcurran los dos años pertinentes.
El PP llegaba al debate oponiéndose con dureza a cuestiones como la creación del documento identificativo. También reclamaba que las personas que tengan acceso a las medidas recogidas en la ley fuesen solo aquellas que llevasen al menos cinco años empadronadas en Euskadi. Finalmente, parte de sus enmiendas no han llegado a la votación, ya que el propio grupo parlamentario popular las ha retirado. La popular Laura Garrido se ha centrado en poner sobre la mesa las dificultades económicas que supondrá implantar algunas de las medidas, como la unidad de referencia de Osakidetza, cuya ampliación de recursos humanos y económicos supone 434.000 euros. Las guías clínicas en torno a la transexualidad que también obliga a crear la ley costarán 140.000 euros, ha criticado Garrido. Finalmente, con todo, el PP ha votado a favor del conjunto de la ley.
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