España: El colectivo transexual, víctima de los ajustes sanitarios pese a las promesas del PP

Carla Antonelli es una de las principales activistas del colectivo Trans. EFE

Alrededor de 10.000 ciudadanos conviven en España con disforia de género. Es decir, son personas transexuales. Y los recortes en Sanidad han provocado que la atención sanitaria que recibían se haya limitado desde que hace justamente un año el Gobierno de Mariano Rajoy anunciara una segunda vuelta de recortes en la cartera de salud.

Las asociaciones de lesbianas, gays, personas transgénero y bisexuales (LGTB) denuncian que el trabajo que se realiza en las Unidades de Identidad de Género (UIG) se ha reducido significativamente en los últimos doce meses. El Ministerio de Sanidad que dirige Ana Mato afirma que en 2012 ingresaron y fueron tratados 3.003 pacientes.

Todo comenzó cuando el secretario de Estado por la Igualdad, José Manuel Moreno,  incluyó dentro de lo que se consideran “derroches del sistema”  los tratamientos de reasignación de sexo, comparándolos con la cirugía estética. "Tenemos desde operaciones sexuales cubiertas por el Erario público hasta cualquier tipo de implante e incluso cirugía plástica", señaló Moreno en abril de 2012. Las organizaciones de personas transexuales argumentaron entonces que, si de media se hacen al año unas 50 operaciones, el ahorro sería de 750.000 euros, una mínima parte del porcentaje a recortar.

Pocos días después, ante las acusaciones de transfobia por parte de diversas plataformas y organismos públicos, el Gobierno se retractó  y aseguró que no eliminaría estas cirugías en la financiación pública bajo la premisa de mantener “lo que realmente se necesita y es de interés público”. Parecía que Rajoy había decidido escuchar las necesidades del colectivo transexual, pero la autonomía que tienen las comunidades para llevar a cabo los decretos del Gobierno ha generado una realidad bien distinta.