"La población trans", constituida por travestis, transgéneros y transexuales, "está sujeta a muchas violaciones de derechos humanos, pero sobre todo, crímenes de odio, negación al estudio, el acceso al trabajo (...), pobreza, deserción familiar y falta de legislación, porque no tenemos una ley que nos respalde", dijo hoy a periodistas la dirigente transgénero de este sector, Karla Avelar.
Los travestis son hombres que se visten de mujer, pero no "precisamente son gay"; los transexuales viven "como mujer" y se operan sus órganos genitales para cambiar de sexo, mientras que los transgénero son hombres que viven como mujer, pero conservan aún sus órganos masculinos, explicó Avelar.
Es necesario que las autoridades creen una ley de identidad para que toda la población "trans" sea reconocida legalmente como desea, añadió Avelar, directora de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con o sin VIH (COMCAVIS TRANS).
Una ley de identidad "vendría a dar cumplimiento a una serie de derechos", como el acceso a la salud, indicó Avelar, quien participó en la presentación de un informe que refleja la situación de este grupo minoritario en el país.
Un resumen de ese informe, presentado este jueves por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), indica que "el 45,8 % de mujeres trans han sufrido atentados contra la vida e integridad física debido a la transfobia".
El estudio se realizó entre agosto de 2012 y marzo de este año entre una muestra de 100 trans, grupos focales y entrevistas a 25 funcionarios de 14 instituciones gubernamentales.
Según el documento, "el 85 % de las mujeres trans ejercen o han ejercido el trabajo sexual para lograr su subsistencia", debido a que no obtienen otra fuente de trabajo.
Asimismo, denuncia que el 100 % revelaron que "todas las instituciones (gubernamentales) les habrían discriminado, violentado u hostigado por su identidad de género".
"Las instituciones más señaladas" son la Policía Nacional Civil, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, la Fuerza Armada, el Registro Nacional de Personas Naturales y los ministerios de Salud y de Educación, agrega.
El 89 % asegura identificarse con un nombre femenino, pero a pesar de ello no son reconocidas como tal en las instituciones del Estado y en la vida pública. Un "42 % dice haber experimentado problemas o inconvenientes cuando utiliza el DUI (Documento Único de Identidad) u otro documento de identificación", añade.
El 70 % tiene dificultades en el trámite de documentos de identidad emitidos por el Estado y un 44,8 % ha enfrentado dificultades al solicitar el DUI, destaca el resumen del informe.
El Salvador "requiere de acciones contundentes que promuevan un Estado de derecho, libertades para las comunidades de las minorías sexuales, en particular de la comunidad trans", destacó Roberto Valent, representante residente del PNUD en este país, durante la presentación del estudio.
Esas minorías "urgen de condiciones que permitan el reconocimiento de su existencia legal a través de una identidad de género", lo que les permitiría "acceder a otros derechos fundamentales, como la educación, el trabajo, la salud, vivienda", entre otros, enfatizó.
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