Semanas atrás, Notife informaba sobre el reclamo de una persona transexual, oriunda de la localidad de Tostado, que solicitaba ante el Estado la rectificación de su partida de nacimiento y el cambio de nombre en su Documento Nacional de Identidad (DNI).
En sus argumentos primordiales, el texto del decreto indica “que el modelo binario de regulación de la sexualidad lleva a que las personas transexuales se vean en la necesidad de encuadrar su posición sexual en una u otra de las categorías. Esta necesidad reñida con el ideario liberal, se revela principalmente en el dispositivo institucional constituido por las partidas de nacimiento y el documento nacional de identidad, que desde la más temprana edad exigen una ‘determinación’ de la identidad de la persona como ‘masculina’ o ‘femenina’, a veces incluso mediante el recurso a procedimientos médicos más o menos forzosos”.
Habida cuenta de perspectivas teóricas que fundamentan el criterio de identidad y sobre “la garantía constitucional de la autonomía afirma la ilegitimidad de reprimir jurídicamente la diversidad de identidades de género que las personas puedan adoptar”, Binner rubricó el decreto que instruye al Registro Civil a rectificar la partida de nacimiento de la esta persona trans de apellido Ironici –reemplazando el nombre de pila Víctor Alejandro por el de Alejandra Selenia Victoria y el sexo masculino por el femenino– y gestionar un nuevo DNI con los datos rectificados, previa homologación judicial del decreto.
El decreto, refrendado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos Héctor Superti, registra como antecedente fundamental el dictamen Nº 129 del fiscal de Estado provincial, Jorge Barraguirre (h), primero en su tipo en la provincia y en el país, que surgió a partir de un planteo de Ironici formulado ante la Secretaría de Derechos Humanos en diciembre de 2010. Esta dependencia acompañó a la peticionante en su reclamo y también se pronunció favorablemente en cuanto al reconocimiento del derecho a la identidad. También se expidió en el mismo sentido la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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