miércoles, 13 de julio de 2011

Personas transgénero en Ecuador: aún mucho por hacer

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Es la oficina de la Asociación Alfil. En un escritorio está doña Graciela, la secretaria. En otro, Rashel Erazo, presidenta de Alfil, una organización sin fines de lucro creada para luchar por el reconocimiento de la diversidad sexual.

Con Rashel conversamos sobre si el Estado y la sociedad ecuatoriana han avanzado en materia de derechos de las personas transgénero, si las mujeres transgénero siguen sufriendo la misma discriminación que años atrás, especialmente desde que la nueva Constitución entró en vigencia.

Rashel dice que, a nivel general, considerando a todas las personas que forman parte de la comunidad GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales), dentro del nuevo marco constitucional ha habido ciertos cambios que les han permitido tener incidencia. Sin embargo, piensa que persiste una distancia entre lo que consta en la ley y la respuesta de una sociedad que aún no tiene conciencia sobre su realidad. “Todavía existe discriminación, marginación y obviamente violencia contra las mujeres trans.”

El prejuicio es producto de la ignorancia

Rashel considera que la gente desconoce el contenido de la Constitución en esta materia y, sobre todo, cree que la cultura tiene mucho peso. “Si bien es cierto que el Ecuador de hoy no es el mismo de aquel de hace 15 o 20 años, en el que las mujeres trans prácticamente no podían aparecer durante el día porque eran víctimas de agresiones, inclusive físicas, hoy continúa la marginación, sobre todo cuando una persona trans va a solicitar un trabajo y no se lo dan, pese a que la Constitución dice que no debe haber discriminación de ningún tipo.”

Rashel explica que por esto las mujeres trans se ven obligadas a labores de subsistencia, como la peluquería, el trabajo sexual, la cocina o cualquier otra labor artesanal. “Sin desmerecer estas formas dignas de ganarse la vida, muchas mujeres trans podemos desenvolvernos en otros espacios laborales, pero esto no se da porque todavía se sigue manteniendo una estigmatización que nos ve a las trans como malas personas, delincuentes, prostitutas”. Ante esta situación, cree que hay necesidad de generar conciencia en la sociedad a través de campañas para que la gente comprenda, “porque el prejuicio viene del desconocimiento y la ignorancia”.

Una veeduría GLBTI

Hace dos años fue dictada la Ordenanza 240 en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para impulsar una política de inclusión. Para reglamentar esta Ordenanza se formó una mesa en la que participa la comunidad GLBTI. Recientemente se planteó, por parte de una entidad municipal, una veeduría ciudadana que vigile el cumplimiento de la Ordenanza. Rashel forma parte de esa veeduría, cuyo lanzamiento se realizará en estos días. “Lo que vamos a hacer es un trabajo que durará seis meses para diagnosticar todo lo que se ha hecho en estos dos años por parte de los activistas GLBTI y sus organizaciones, y cuál ha sido la respuesta del Municipio de Quito”. Lo que se quiere con esta veeduría es que el texto de la Ordenanza 240 empiece a ser asumido por el Municipio y la sociedad quiteña.

Rashel cree que el Ecuador ha avanzado un 20 o 25 por ciento en materia de garantía de derechos e inclusión. En este sentido, la veeduría GLBTI quiere poner un granito de arena, dice, para que ese porcentaje aumente.


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