Ecuador: Una mujer transexual demanda al Estado de Ecuador por $7 millones

Querella. Dayrís Estrella Estévez Carrera planteó el litigio contra el Presidente de la República y contra el Procurador General del Estado. La Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha será hoy el escenario de la audiencia de conciliación dentro del juicio ordinario que Dayrís Estrella Estévez Carrera le sigue al Estado. Estévez aduce que se le ha causado un grave daño moral porque se incumplió la sentencia judicial que mandaba al sistema de salud pública a realizarle una intervención quirúrgica de cambio de sexo, de hombre a mujer. La demanda está planteada en contra del presidente, Rafael Correa, como representante político del Estado y el Procurador Diego García, como representante legal y judicial. Por el daño moral que supuestamente se le ha ocasionado, Estévez solicita que, en sentencia, se condene a Correa y García al pago de la indemnización pecuniaria, a título de reparación, que fijó en 7 millones de dólares, por las graves ofensas que lesionaron su honra, reputación, y los sufrimientos psicológicos ocasionados. Antecedentes La batalla legal del transexual data de hace 12 años, cuando en primera instancia litigó por ocho años consecutivos para conseguir que el Registro Civil le reconociera su nueva identidad como Dayrís Estrella Estévez Carrera, en lugar de Ronald Estévez Carrera. Mediante sentencia debidamente ejecutoriada, el 25 de septiembre de 2010, la Tercera Sala Pena de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dispuso aceptar la acción de protección propuesta por Estévez, disponiendo que, de manera inmediata, se cambiaran los datos de Identificación y Cedulación, de masculino a femenino. De igual forma y como acción afirmativa, se dispuso que el Estado, a través del servicio público de salud, brindara las facilidades necesarias para que la legitimada activa accediera a las condiciones médicas necesarias para la consolidación de su identidad sexual. La causa Estévez se queja que el daño que le ha causado el Estado es irreparable y lo sigue haciendo, puesto y a pesar de la sentencia transcrita, ha acudido al Hospital Eugenio Espejo, con resolución en mano, para exigir que se cumpla con la misma y sólo ha recibido justificaciones de que no existen políticas para realizar ese tipo de operaciones y por lo tanto no se pueden cumplir, incurriendo en desacato.   La parte demandada Marcos Arteaga, delegado de la Procuraduría alega que el Estado no le ha causado ningún daño moral a la demandante. El nombre masculino que tuvo desde su nacimiento, no le fue impuesto por el Estado, como afirma, sino que fue escogido libremente por sus padres, o quien le inscribió en el Registro Civil, en razón del sexo con el que naturalmente nació y así fue inscrito al tiempo de su nacimiento, hace 38 años. También alegó la falta de derecho de la actora para demandar al Presidente de la República, por no ser el representante Judicial del Estado y porque ni él ni el Procurador General del Estado, le han ocasionado daño moral alguno.