El diario Público editó ayer un interesante reportaje sobre el módulo especial para gays y mujeres transexuales de la cárcel de Sao Joaquim de Bicas, en el estado brasileño de Minas Gerais. Una iniciativa, de la cual ya hablamos hace unos meses, que ha partido de Walkiria la Roche, que desde la Secretaría de Desarrollo Social del estado dirige el centro de referencia para personas LGTB. La Roche está considerada además la primera mujer transexual en ocupar un cargo público en Brasil.
Walkiria la Roche percibió que una de las luchas que debía emprender era la mejora de la situación carcelaria de gays y mujeres transexuales, un colectivo especialmente vulnerable en un contexto ya de por sí muy díficil, como son las prisiones brasileñas, y que es víctima de frecuentes agresiones y violaciones por parte de otros reclusos. “Tras visitar varios presidios (…) fui consciente del número cada vez mayor de ciudadanos travestis y gays privados de libertad. Ellos me hablaron de sus sufrimientos: recibían insultos de todo tipo, se veían sometidos a abusos sexuales y les habían robado sus identidades de género, rapándoles el cabello mientras los heterosexuales seguían con su pelo normal”, comenta.
De ahí la decisión de promover este proyecto piloto, que podría extenderse a otros penales. Los centros penitenciarios brasileños constarían así de diez celdas para cuatro reos cada una. En ellas residirían sólo los que lo solicitasen, especialmente “travestis y gays afeminados que asumen su orientación sexual. Recordemos que Brasil es un país machista y muchos no lo hacen por miedo a represalias”. “El objetivo del módulo no es segregar, sino ampliar el acceso a políticas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. La salud es un problema de todos los encarcelados y no sólo de los homosexuales. Muchos presos mantienen relaciones sexuales con más de 20 personas y, cuando le pregunté a la dirección del presidio si entregaban preservativos, me dijeron que allí no había sexo entre hombres. Una gran equivocación”, cuenta la Roche.
El programa se complementará con un proyecto de resocialización y rehabilitación de los penados. La Secretaría de Estado de Defensa Social intentará promover la reducción de penas, su inclusión en el mercado laboral y su capacitación profesional en sectores diversos.
La iniciativa no está exenta de críticas. Colectivos LGTB, por ejemplo, habrían reclamado que las mujeres transexuales sean trasladadas a cárceles femeninas, tal y como correspondería a su identidad de género.
Walkiria la Roche percibió que una de las luchas que debía emprender era la mejora de la situación carcelaria de gays y mujeres transexuales, un colectivo especialmente vulnerable en un contexto ya de por sí muy díficil, como son las prisiones brasileñas, y que es víctima de frecuentes agresiones y violaciones por parte de otros reclusos. “Tras visitar varios presidios (…) fui consciente del número cada vez mayor de ciudadanos travestis y gays privados de libertad. Ellos me hablaron de sus sufrimientos: recibían insultos de todo tipo, se veían sometidos a abusos sexuales y les habían robado sus identidades de género, rapándoles el cabello mientras los heterosexuales seguían con su pelo normal”, comenta.
De ahí la decisión de promover este proyecto piloto, que podría extenderse a otros penales. Los centros penitenciarios brasileños constarían así de diez celdas para cuatro reos cada una. En ellas residirían sólo los que lo solicitasen, especialmente “travestis y gays afeminados que asumen su orientación sexual. Recordemos que Brasil es un país machista y muchos no lo hacen por miedo a represalias”. “El objetivo del módulo no es segregar, sino ampliar el acceso a políticas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. La salud es un problema de todos los encarcelados y no sólo de los homosexuales. Muchos presos mantienen relaciones sexuales con más de 20 personas y, cuando le pregunté a la dirección del presidio si entregaban preservativos, me dijeron que allí no había sexo entre hombres. Una gran equivocación”, cuenta la Roche.
El programa se complementará con un proyecto de resocialización y rehabilitación de los penados. La Secretaría de Estado de Defensa Social intentará promover la reducción de penas, su inclusión en el mercado laboral y su capacitación profesional en sectores diversos.
La iniciativa no está exenta de críticas. Colectivos LGTB, por ejemplo, habrían reclamado que las mujeres transexuales sean trasladadas a cárceles femeninas, tal y como correspondería a su identidad de género.
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