La procuradora especial de
la Diversidad Sexual, Samira Montiel, pidió este lunes incluir a las
personas transgénero en la controvertida Ley Integral contra la
Violencia hacia las Mujeres, que ha ocasionado polémica en el país.
"La Ley 779 (ley que castiga la violencia de género) debe
reconocer como un femicidio aquellos actos de violencia hacia una
persona transgénero", consideró la funcionaria, en declaraciones al
Canal 12 de la televisión local.
"También debe reconocer los actos de violencia hacia lesbianas", agregó.
Según Montiel, "las personas transgénero son las que más
sufren violencia en Nicaragua: son asesinadas o violentadas, pero la ley
no reconoce la existencia de estas personas".
"La diversidad de género es un derecho. En nuestra sociedad
existe una comunidad de personas transgénero, o sea que nacieron hombres
biológicamente pero que viven una vida como mujeres", alegó.
Por su lado, la coordinadora de postgrado de la Universidad
Centroamericana (UCA) y experta en derecho constitucional, María
Asunción Moreno, explicó a periodistas que el espíritu de la Ley 779 es
"proteger a la mujer en las relaciones desiguales de poder entre hombres
y mujeres".
Moreno indicó que la ley contra la violencia hacia las mujeres
castiga a los hombres en seis de diez delitos, y que las féminas
también pueden ser acusadas si no denuncian un acto de violencia de
género.
La ley contra la violencia hacia las mujeres impone la pena
máxima de 30 años permitida por el código penal nicaragüense a los
hombres que cometan el delito de violencia de género y no permite la
mediación, aunque la mujer perdone al hombre.
Esa imposibilidad de la mediación ha sido uno de los
argumentos utilizados en los cuatro recursos de inconstitucionalidad
presentados contra la ley ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no
se ha pronunciado sobre ninguno de ellos. La ley también tipifica como
delito únicamente la agresión de hombres hacia mujeres.
Un grupo de abogados independientes y miembros de la iglesia
evangélica Asamblea de Dios se manifestaron el viernes pasado ante la
Suprema Corte para protestar contra esa ley por considerar que crea
desigualdad entre el hombre y la mujer y desintegra a la familia.
En tanto, funcionarios del Poder Judicial, incluidos jueces
que ven casos de violencia de género, se manifestaron ese mismo día a
favor de esa ley y demandaron a la Corte declare su constitucionalidad.
La Corte Suprema estudia la posibilidad de incluir la figura de la mediación en la ley que castiga la violencia de género.
El Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua, que reúne a 105
organizaciones femeninas del país, defiende la ley y ha pedido
públicamente al Supremo que declare su constitucionalidad.
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