Desacuerdo de los colectivos trans andaluces con la propuesta
de ley integral de transexualidad realizada por los grupos
parlamentarios del PSOE e IULV-CA. Entre los puntos que son objeto de
discordia, el establecimiento de limitaciones a la hora de definir las
personas que serán beneficiarias de lka ley y ciertos aspectos de la
atención sanitaria. En un comunicado firmado por la Asociación de
Transexuales de Andalucía (ATA) y Conjuntos Difusos-Autonomía
Trans, estos colectivos acusan a las dos formaciones que gobiernan
Andalucía de romper sus promesas y posicionarse “del lado de la discriminación y la denegación de los derechos humanos de las personas trans”.
Según los colectivos firmantes, en la reunión mantenida el jueves con
la secretaria de Salud Pública de la Junta de Andalucía se les
trasmitió que si bien ya no se realizarán tests psicológicos para
determinar la identidad de género de las personas transexuales, si
seguirán realizándose para “descartar patologías”. Algo que en
su opinión mantiene el actual sistema discriminatorio. Frente a la
propuesta de los colectivos, que planteaba que las personas
beneficiarias serían todas aquellas con una identidad de género distinta
de la que les fue asignada al nacer, con independencia de otras
consideraciones (en línea con el principio de libre autodeterminación
del genero) el borrador ahora presentado marca una serie de
limitaciones. “Así lo establece el artículo 4.c) del borrador
propuesto, cuando especifica que tan solo aquellas personas que hayan
obtenido la documentación administrativa serán beneficiarias de las
prestaciones contenidas en la misma. Esto ya nos da la idea de que no
todas las personas que soliciten dicha documentación la van a recibir,
sino que es posible que a algunas les sea denegada si no cumplen con
ciertos requisitos”, afirma el comunicado.
“No obstante, el texto no especifica cuales serán esos
requisitos, dejándolo abierto a cualquier cosa. Suponemos que la
intención de la Junta de Andalucía es obligar a las personas trans que
no hayan obtenido esta documentación, y cuyos derechos se dejan
deliberadamente desamparados, a continuar acudiendo a la UTIG, donde se
les someterá a los mismos tests que hasta ahora, por el mismo
procedimiento que hasta ahora, durante tanto tiempo como las
trabajadoras de allí crean conveniente, con la excusa de determinar si
no padecen alguna enfermedad mental”, continúa la nota.
El artículo referido a la prestación de la atención sanitaria tampoco recoge las demandas de los colectivos: “El
artículo 11 dice que todas las personas tendrán derecho a la asistencia
sanitaria, según lo previsto en la cartera de servicios existente (…) Nos
remite a la atención sanitaria que ya está especificada en la cartera
de servicios del SAS, es decir, a la UTIG de Málaga, a la centralización
y a la discriminación”.
Eva Witt, presidenta de la asociación de familias de menores
transexuales Chrysallis, cree que los requisitos que marca el borrador
generan una situación especialmente grave por lo que a los menores se
refiere. “Si se condiciona el reconocimiento de la identidad del
menor a la obtención de una documentación administrativa, que no sabemos
cuanto tiempo tardará en emitirse, si serán tres meses, o serán diez, o
no será nunca, y bajo qué condiciones, no queda garantizado que
nuestros hijos puedan recibir una educación no discriminatoria. Al igual
que ocurre con los adultos, el futuro de nuestros niños dependería de
la decisión pretendidamente científica, pero arbitraria, de las
trabajadoras de la UTIG”, expresa Witt en declaraciones contenidas en el mencionado comunicado.
“Exigimos que no se registre la ‘ley trampa’ de Izquierda Unida y
el PSOE, y que en su lugar se registre la propuesta realizada por los
colectivos de personas transexuales de Andalucía, que fue remitida a los
grupos políticos el día 6 de noviembre, tras comprometerse estos a
aceptar sus reivindicaciones”, añade la nota, que concluye con unas
declaraciones de la presidenta de ATA, Mar Cambrollé, anunciado una
próxima convocatoria de huelga de hambre indefinida “que no terminará hasta que no se registre el texto propuesto por los colectivos de personas transexuales”.
Recordamos que hace pocas semanas ya los activistas trans recurrieron a la amenaza de huelga de hambre para forzar el desbloqueo del proyecto de ley integral,
gracias a la cual consiguieron la promesa de PSOE e IULV-CA de
consensuar una propuesta que sería presentada antes de finalizar el año.
Propuesta que en principio parecía que respondería a todas las demandas de los colectivos, lo que finalmente no se ha producido.
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