La Justicia ordenó al Registro Civil porteño que adapte su nombre en la partida de nacimiento de sus tres hijas.
(CABA) Por primera vez, en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia
avaló la rectificación de las partidas de nacimiento de las tres hijas
de una persona transexual, para que quede allí asentado el nuevo nombre
–femenino– de quien originalmente había sido inscripto como el padre
biológico de las niñas.
Cinthia Cristina Arroyo debió recurrir a los tribunales porque su pedido, a través de un trámite administrativo, había sido rechazado por el Registro Civil y Capacidad de las Personas
porteño. Esta situación afectaba especialmente el acceso de sus hijas,
de 14, 12 y 9 años, a distintos programas de ayuda social, ya que como
Arroyo había cambiado su DNI y ya no era quien figuraba como titular de
los beneficios para las niñas, se veía obligada a explicar cada vez que
los recibía que en realidad era la misma persona, pero con distinto sexo
y nombre.
La madre biológica de las chicas murió hace ya unos años y
Arroyo es el único sostén para ellas. Finalmente, la Sala III de la Cámara del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario, confirmó el 23 de agosto un fallo de primera instancia que ordena al Registro Civil de la Ciudad
la rectificación de las partidas de nacimiento de las tres niñas,
permitiendo así el efectivo ejercicio del derecho a la identidad de
género autopercibida de Arroyo.
La mujer transexual trabaja en la cooperativa textil Nadia Echazú,
el taller-escuela donde travestis y transexuales se capacitan y
desempeñan, para evitar el destino de la prostitución, un proyecto que
impulsó y dirige hace seis años la activista Lohana Berkins. Fue patrocinada por el Ministerio Público de la Defensa porteño, que encabeza Horacio Corti. El 26 de marzo de 2013, amparada por la Ley de Identidad de Género,
decidió reclamar el cambio de nombre y de género en virtud de su
autopercepción, para que así figuren en su partida de nacimiento. Y
obtuvo un nuevo DNI. Pero no logró que a través de un trámite
administrativo esos datos se vieran reflejados en las partidas de
nacimiento de sus hijas, a fin de acreditar efectivamente la filiación
con ellas y ejercer la patria potestad.
Tras la negativa del Registro Civil, Arroyo pidió asesoramiento en la Defensoría. Desde el organismo hicieron varios escritos y llamadas telefónicas a las autoridades del Registro Civil
porteño, en los que fundamentaron las razones por las que estaban
procediendo contrariamente a lo establecido por la Ley de Identidad de
Género, y afectaban el acceso de las niñas a programas de ayuda social.
Pero el Gobierno de la Ciudad no cambió de postura. Por eso, el caso
llegó a la Justicia, a diferencia de lo que ocurrió en junio en Salta,
donde una pareja de transexuales –que cambiaron sus nombres y sexo en
sus DNI– pudo rectificar las partidas de nacimiento de su hija, sin
necesidad de recurrir a los tribunales.
El 20 de noviembre de 2013, en primera instancia la Justicia porteña
le dio la razón a Arroyo: hizo lugar a la medida cautelar
autosatisfactiva que había presentado y ordenó al Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires
rectificar las partidas de nacimiento de las hijas, para que quede
asentada su paternidad con su nombre femenino. Pero el gobierno de Mauricio Macri apeló. Ahora, la Sala III de la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario
rechazó los fundamentos esgrimidos por la Ciudad, confirmó la sentencia
y avaló así el reclamo de Arroyo, con las firmas de los jueces Esteban Centauro, Gabriela Seijas y Hugo Zuleta.
Si el gobierno porteño no apela al Superior Tribunal de la Ciudad, la
resolución judicial quedará firme.
Hoy, el defensor general Horacio Corti
dará más detalles de la batalla de Arroyo, durante un acto en el que
firmará una serie de convenios de cooperación con ONG de mujeres en
situación de prostitución, de transexuales y de migrantes. Y, a la vez,
presentará una guía de recursos para ejercer derechos que lleva como
nombre Más información. Más ciudadanía. El volumen contiene información
actualizada y orientada a facilitar el acceso a planes y programas
públicos que ofrecen tanto el Estado nacional como el porteño,
vinculados a salud, violencia de género, trabajo, vivienda,
alimentación, educación, asistencia social, emergencias.
Fuente: Página 12
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