Imagen tomada de: plazapublica.com.gt
Alejandro Pérez | Plaza Pública
@PlazaPublicaGT
Él
parece estar listo para largarse, pero permanece en la esquina de la
calle mal iluminada. Acelera su motocicleta, pero ésta no se mueve de su
sitio. Sigue platicando con ella.
El
motor ruge como para salir repentinamente, pero las llantas sólo se
mueven unos centímetros y vuelven a su lugar. No quiere irse. Ella lo
sabe y sigue balanceando su cuerpo alto y delgado con coquetería
mientras luce una pequeña falda negra que no oculta nada. Ocultar no es
su objetivo.
Ella
tampoco quiere que él se marche. Ambos hacen su mejor esfuerzo por
demostrar su falta de interés, un esfuerzo inútil ante lo evidente; pero
suficiente para que ninguno de los dos ceda y no se logre un acuerdo.
El motociclista acelera en un último estruendo y cruza velozmente por la
segunda calle de la zona 1 en busca de otra persona con quien sea más
fácil negociar unas horas de sexo por dinero.
Ella,
“una chica trans”, se queda. Permanece a la espera del próximo piropo
que rompa el hielo de una nueva negociación o de un insulto que le
recuerde que la tolerancia a su orientación sexual no es una
característica en el país en el que se encuentra.
A
pesar de eso, de los insultos y la intolerancia, Guatemala ese ha
convertido en la última opción para algunas mujeres transgénero. Es el
destino de varios miembros de esta comunidad de Centroamérica y,
especialmente, de personas provenientes de Honduras, como parte de un
movimiento migratorio reciente.
Si
bien no existe un registro exacto sobre la cantidad de mujeres
transgénero hondureñas radicadas en Guatemala, la Organización Trans
Reinas de la Noche (Otrans-RN) lleva un control mediante el servicio de
clínica que brindan a las personas con esta identidad de género: entre
el 1 de enero y el 2 de septiembre de este año, han atendido 641 mujeres
trans, de ellas 167 son extranjeras y 56 provienen de Honduras. Ante
las dificultades que enfrentan para encontrar trabajo durante el día, al
igual que muchas otras mujeres transgénero guatemaltecas, ellas ejercen
la prostitución durante la noche en la zona 1. Los territorios están
bien delimitados. “A las hondureñas las encuentra cerca de la Cruz
Roja”, explican sus colegas en otras esquinas del Centro Histórico.
“Allí hay bastantes”, agregan otras. Es verdad. La mayoría hondureñas,
aunque no todas, se ubican entre 8 y 10 avenida, entre 5 y 2 calle.
Si bien no existe un registro exacto sobre la cantidad de mujeres transgénero hondureñas radicadas en Guatemala, la Organización Trans Reinas de la Noche (Otrans-RN) lleva un control mediante el servicio de clínica que brindan a las personas con esta identidad de género: entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de este año, han atendido 641 mujeres trans, de ellas 167 son extranjeras y 56 provienen de Honduras.
Ellas
parecen estar conformes con la ubicación que les corresponde en la zona
1, al menos no hay quejas al respecto. Según Dayana, hay libertad de
estar en cualquier lado, pero a ella casi siempre se le encuentra en la
misma esquina.
Dayana,
hondureña transgénero de 20 años, que se para en una esquina de la 8
avenida con una peluca castaña, lentes de contacto verde claro, tacones y
falda que apenas llega debajo de la cintura. Es amable con quienes se
le acercan y dice llevarse bien con todo el mundo, incluso con muchas de
sus compañeras de calle, a pesar de que prefiere no salir de fiesta con
la mayoría de ellas porque algunas pueden ser “un poco problemáticas”.
Dayana
salió de Honduras hace cinco años, a pesar de tener una suerte que no
tiene la mayoría de personas transgénero, especialmente en su país de
origen: contar con el apoyo de su familia. Su principal motivo fue
escapar de las condiciones de discriminación a las que se enfrentaba.
Fue
una amiga quien la convenció de migrar a Guatemala. Su salida, admite,
no fue sólo por cuestiones de seguridad, sino también por una cuestión
económica. “La moneda es mejor acá y alcanza para más con lo del
trabajo”, indica.
Su
fuente de ingresos es lo que obtiene de la prostitución, pero le parece
una cantidad suficiente para sobrevivir y no necesita buscar otro
trabajo durante del día. Con eso le alcanza para pagar el alquiler de
una casa en la zona 2 que comparte con otras mujeres transgénero, entre
ellas una compatriota suya.
Se
considera una persona afortunada, pues aunque Guatemala tampoco le ha
ofrecido una integración total a la sociedad, no ha tenido que
enfrentarse a la violencia como la que la amenazaba antes de partir.
“Gracias a Dios, acá he podido cumplir con mis metas”, dice.
Y en cuanto al hecho de tener que vestirse como hombre durante el día: “Pues ya me acostumbré”, confiesa.
Un cambio significativo y de golpe
Cuando
la amiga de Dayana la convenció de dejar su natal San Pedro Sula,
Honduras se encontraba en una crisis institucional. Manuel Zelaya había
sido destituido del cargo presidencial y el conflicto político resultó
en una ola de violencia en todo el territorio.
Las
violaciones a derechos humanos se convirtieron en foco de atención de
organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que en su capítulo dedicado a Honduras en el informe anual
de 2012 establece que desde 2009 se constató una “profundización de la
discriminación y violencia” contra las personas de la comunidad de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB).
En
el documento, la principal crítica sobre este tema se enfoca en la
impunidad que existe sobre crímenes contra este sector de la población,
aunque no es el único afectado. Periodistas, mujeres, jóvenes y niños de
la calle también son clasificados como un grupo vulnerable, afectado
por la falta de justicia.
Evidenciar
un incremento en la violencia contra un sector en específico resulta
complicado cuando hay una tendencia que afecta a la población en
general.
Los
datos del Ministerio Público (MP) hondureño tampoco ayudan a solventar
la duda sobre la gravedad de las amenazas, pues la orientación sexual no
aparece explicada en los informes de homicidios. El esfuerzo por tratar
de llevar un registro al respecto ha estado en manos de organizaciones
que promueven el respeto de los derechos de las personas de la
diversidad sexual.
El
método tampoco es certero, pues se basa en las publicaciones de prensa
en las que se hace referencia a la sexualidad de la persona asesinada.
Sin
embargo, Nelson Arambú, antropólogo y epidemiólogo dedicado a la lucha
por los derechos de las personas LGTB en Honduras, considera que sí hay
evidencia para suponer que los ataques contra esta minoría se
incrementaron con el golpe de Estado.
Su base son los datos de las organizaciones Arcoíris, Red Lésbica Catrachas y elMovimiento de Diversidad en Resistencia (MDR),
entre otros, que muestran que desde 2009 han muerto 176 personas LGTB
en Honduras, mientras que durante los 15 años anteriores el número
registrado era de 20.
De
todas formas, el hecho de que los datos se limiten a lo que los medios
publican impide verificar si el incremento corresponde a la realidad.
Arambú explica que hay motivos para suponer que así es. Según argumenta,
con el golpe de 2009 hubo una política de control de la información y
censura por parte del Gobierno. Con esta tendencia también se dio lugar a
que se ocultaran los datos relacionados con la sexualidad de las
personas en las notas periodísticas.
El incremento de muertes se registra en la población en general de Honduras. Datos del
Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), evidencian entre 2009 y
2013 un crecimiento de 5.27 a 7.17 homicidios por cada 100 mil
habitantes. La tendencia al alza se había registrado desde años
anteriores. De 2004 a 2008, la cifra aumentó de 2.16 a 4.47.
Arambú
aclara que faltaría más información para determinar que la identidad de
género ha sido el motivo de la muerte de estas personas. “No podemos
decir científicamente que todos los 176 casos se deban a homofobia,
porque hay incremento de violencia en la población en general”, explica.
Pese
a los datos de violencia, Roberto Canizales, activista por los derechos
de la comunidad LGTB y docente de la UNAH, rescata que, gracias a
acercamientos entre el MP y la sociedad civil de Honduras, algunos casos
se llevaron a los tribunales, se resolvieron y —lo más importante,
según expone— se logró determinar que algunos de ellos habían sido
crímenes de odio por tener una identidad de género diferente. Los datos
de Arambú establecen que de los 176 casos, 39 han logrado llevarse a
proceso jurídico.
¿Represión de género o represión política?
Entre los casos de mayor impacto de los últimos cinco años está el de Eric Alex Martínez Ávila, comunicador y defensor de los derechos de las personas de este colectivo. Martínez fue asesinado en mayo de 2012 en Tegucigalpa.
Pero
Martínez no sólo era activista, también era candidato a diputado por el
partido Libertad y Refundación (Libre) formado como el brazo político
del Frente Nacional de Resistencia (FNR), movimiento de apoyo a Zelaya
tras su derrocamiento.
¿Tiene alguna relación la situación política de Honduras con la lucha de los movimientos LGTB?
Canizales
asegura que el golpe de Estado de 2009 se convirtió un parteaguas para
esta comunidad en Honduras. “Antes del golpe, las organizaciones
sociales estaban relegadas a temas de salud sexual y reproductiva”,
explica. Sin embargo, la estrategia política de Zelaya antes de su
derrocamiento lo acercó a este grupo de la población y les habló de
proyectos de políticas de inclusión social y contra la discriminación.
“Es
por ello que en las manifestaciones contra el golpe, se veía la bandera
del arcoíris entre toda la gente del Frente”, agrega Canizales.
La
incorporación de buena parte del movimiento LGTB en el Frente, se
reflejó también con el partido político. Los listados de candidaturas a
diputados incluían además de Martínez, nombres como el de Víctor Gómez
(Vicky), Juan Noel Sosa y Josué Hernández, miembros de esta comunidad.
Pero
una propuesta política no podría existir sin detractores y los recién
incorporados a la contienda por el ejercicio público enfrentaron a uno
con bastante peso en la opinión pública: Evelio Reyes,
un pastor de la Iglesia Evangélica, que no ocultó su malestar por estas
candidaturas y llamó abiertamente a sus feligreses a no votar por
ellos.
Los argumentos de
Reyes eran de tipo religioso. “No voten por homosexuales y lesbianas
que corrompen los modelos de Dios, las buenas costumbres y ponen en
riesgo a las generaciones por venir”, era el llamado del pastor.
Canizales destaca otro logro de este boom de
la participación activa de la sociedad civil en pro de los derechos
LGTBI: El delito de discriminación se incluyó en el Código Penal. El
cambio en la ley alcanzó a Reyes, quien enfrentó un proceso judicial por
este delito, del que quedó absuelto en agosto de 2013.
Pero
ni la oposición política ni la religiosa fueron los mayores
inconvenientes. El docente universitario considera que la incorporación a
un partido representó también para los integrantes del movimiento estar
más visibles para la represión, lo que influyó en el incremento de la
violencia que enfrentaron, y por lo tanto en su necesidad de migrar a
países vecinos como Guatemala.
Extracto del texto originalmente publicado en Plaza Pública. Click aquí para seguir leyendo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario