Un fallo del juez en lo civil y comercial Pedro Boasso denegó el cambio de documento nacional de identidad a Delfina, una trans que lo solicitó hace dos años. La joven de 28 años se manifestó “impactada” por la resolución del 13 de diciembre pasado y sorprendida por la decisión, ya que el juez la había citado para escuchar personalmente su petición.
“A mí, como persona me perjudica un montón no tener el documento nacional de identidad porque no puedo ir a estudiar sin exponerme a que me llamen a los gritos por un nombre que no me identifica. También para buscar trabajo y para votar. Le dije todo eso al juez”, afirmó Delfina a Rosario/12 y subrayó: “Tengo todo el derecho a tener mi DNI, lo tenemos todas”.
Por su parte, la directora del Area de la Diversidad Sexual de la Municipalidad, Noelia Casati, cuestionó el fallo y recordó un antecedente diferente en Rosario, de la jueza Marta Gurdulich, que en diciembre de 2010 autorizó el cambio de DNI de Marcela Ottone.
El argumento de Boasso para negar el cambio de DNI es que se trata de una medida administrativa, que no corresponde a un magistrado, y hace alusión a la discusión parlamentaria de la ley de identidad de género como una dificultad para otorgarle el cambio de DNI. En noviembre pasado, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a esa ley.
“El juez no se hace responsable de sus funciones, en cuanto a que llega una petición y él la deriva a la autoridad administrativa. Debería dar una repuesta en relación a esto y en lugar de tomar una decisión, dice que no le corresponde. Y de esa manera, desconoce los tratados internacionales”, criticó Casati.
En la entrevista que mantuvieron, el juez le preguntó a Delfina si pensaba hacerse una cirugía para modificar sus genitales. Su respuesta fue clara: “Sería espectacular, algo justo, pero lo primero que yo muestro en mi vida es mi documento de identidad, no mi sexo. El DNI es lo primero”.
Para Casati, el fallo expresa una visión “biologicista” de la identidad de género. “El juez está ejerciendo la transfobia social, que identifica a las personas con cuerpos y no como sujetos de derecho. De este modo, se quita la dimensión de sujetos o sujetas que tenemos las personas. Está afectando el derecho de una sujeta que simplemente lo que ha pedido en su demanda es el reconocimiento del estado, porque el reconocimiento de sí misma lo ha hecho y el del estado municipal ya está”, indicó la directora del Area de la Diversidad Sexual.
El reconocimiento propio fue un proceso que Delfina inició a los 17 años, aunque su identidad venía tallándose desde muy pequeña, como lo demuestran los informes psicológicos que leyó el juez, así como los testimonios de la madre de Delfina y una vecina. Las dos contaron que ella se identificó como mujer desde niña. “A mi familia la pueden citar completa para testimoniar, que no va a haber ningún problema.
Está todo más que bien, yo siempre fui yo y me aman como soy. Fui siempre Delfina, tengo mis sobrinos, mis sobrinas y yo soy su tía”, relató la joven, que sueña con estudiar Medicina, en un futuro, pero también se plantea una carrera con salida laboral como peluquería. Para ella, el DNI que la identifique como realmente es significa abrir la puerta para ejercer los derechos básicos de estudiar y trabajar.
Tanta es la violencia que significa para ella llevar un DNI masculino que su último documento data de los ocho años. Jamás volvió a actualizarlo. “Nunca me realice el otro, no me nacía, me frenaba, porque tampoco lo iba a usar. Tan sólo hacértelo, cuando te lo entregan, que te llamen a los gritos por otro nombre…”, reflexionó Delfina.
En sus argumentos, Boasso afirma también que el cambio de DNI solicitado “afecta o puede afectar no solamente los intereses privados del peticionante (sic) sino también los intereses de terceros”, aunque no abunda sobre cómo podría afectarlos.
“El juez Pedro Boasso atrasa”, consideró el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Esteban Paulón, sobre el fallor. “Nos parece terrible la resolución del juez en un momento en que la justicia argentina en diversas provincias reconoce el derecho a la identidad de las personas trans.
En Santa Fe, la reconoce por vía administrativa, hay dos DNI por entregarse a activistas de Santa Fe que ni siquiera debieron pasar por la justicia, y también en momentos en que el Congreso le dio media sanción a la ley de identidad de género el año pasado y esperamos que en abril el Senado lo convierta en ley”, afirmó el dirigente. Cuando se refiere a los cambios de DNI por vía administrativa, Paulón habla de las resoluciones del estado provincial ante los pedidos de Alejandra Ironici y Marina Quintero, dos trans de la ciudad de Santa Fe.
En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Horacio Coutaz, reveló que la semana pasada Ironici obtuvo su partida de nacimiento rectificada, lo que convierte la adquisición de su nuevo DNI en un sencillo trámite.
Ironici fue un caso testigo: en junio del año pasado, el entonces fiscal de estado provincial, Jorge Barraguirre, emitió un dictamen que le aconsejaba al gobernador Hermes Binner otorgar el DNI a Alejandra, sin necesidad de recurrir a la Justicia. “Es la primera vez que un estado provincial reconoce el derecho a la identidad, basándose en la Constitución nacional”, dijo entonces la peticionante, orgullosa.
Más tarde, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un dictamen similar en el mismo sentido y la provincia pidió una homologación judicial, para darle legalidad a todo el trámite. La decisión política del gobierno provincial impulsó a Marina Quinteros, que había iniciado un trámite judicial, a intentar también la vía administrativa. Las dos están a punto de recibir su nuevo documento. “Estábamos esperando la homologación de estos dos dictámenes para avanzar con otros casos similares”, le dijo ayer Coutaz a Rosario/12. En cuanto al trámite judicial, afirmó que “lo demoraron pero avanzó”.
El funcionario provincial repudió la decisión de Boasso, al considerar que “está claro que es una cuestión de derechos humanos vulnerados, que no hay ninguna cuestión médica de por medio. Y por eso Santa Fe es la única provincia el país que lo sacó como trámite administrativo, porque lo consideramos una reparación para un colectivo marginado, excluido”.
Por su parte, Paulón manifestó su enojo con la resolución de Boasso considerándolo una muestra de transfobia social. “Creemos que expresa lo que está por debajo de un discurso que a veces pareciera imponerse a nivel social, de una sociedad progresista y abierta pero que cuando tiene la posibilidad de decidir termina discriminando”, expresó Paulón, quien apuntó que “la aprobación de la ley es fundamental para terminar con la discriminación, esto que ocurrió con Delfina demuestra que hoy el derecho a la identidad se otorga arbitrariamente, depende de la buena voluntad, y también del acceso a un patrocinio jurídico que tenga una persona.
Estos son los fallos que nos hablan claramente de la necesidad de la ley de identidad de género”. Paulón confió en que esta ley sea sancionada en abril, y recordó que la amplia mayoría obtenida en Diputados permite prever un trámite sin trabas.
En Salta
En tanto, la Federación Argentina de LGBT pidió que la Justicia agilice el trámite para cambiar la identidad a dos jóvenes transexuales de Salta que quieren modificar sus nombres masculinos por otros femeninos en el DNI. “Siguen existiendo subjetividades que llevan a dilatar estas cosas”, opinó María Pía Ceballos, que espera su nuevo documento desde el año pasado.
El Ministerio de Gobierno de la Provincia aceptó en agosto de 2011 que el Registro Civil cambiara el DNI a dos transexuales que lo solicitaron pero, para concretar el trámite, se necesita que la Justicia homologara la decisión, es decir, que diera el visto bueno.
La FALGBT difundió que el 9 de febrero vencía el plazo para que el Poder Judicial diera su aprobación y mandó un comunicado a medios locales cuestionando la “amarga espera” para que se reconozca el derecho a la identidad de las dos jóvenes.
“Es un trámite sencillo que no debía llevar más de quince días. Hasta la semana pasada la jueza Adriana Martorell tenía que tomar una decisión a favor o en contra”, dijo una de las dos jóvenes transexuales que espera el cambio de DNI para que figure en la primera hoja el nombre femenino que usa hace años.
“Creo que algunas personas aún hacen prevalecer cuestiones personales por sobre el derecho a la identidad”, manifestó.
El requerimiento por nuevos documentos había sido realizado por Natalia Buira, defensora oficial, en representación de María Pía Ceballos y de otra transexual de quien se reserva el nombre.
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