Según el Movilh, Portella fue acusada por personal del recinto de incomodar a los clientes por su identidad de género, le prohibieron usar las dependencias para mujeres y le subieron arbitrariamente los precios, pasando de tres mil a 30 mil pesos diarios.
La afectada explicó que tras inscribirse al gimnasio en febrero pasado, el gerente del local, Rodrigo Martínez, "me citó a su oficina junto a sus asistentes. En dicho lugar, me señaló que el nombre que aparece en mi cédula identidad no correspondía a mi apariencia, mirándome con cara de asombro y rechazo. Dijo que mi inscripción como mujer suponía un error, y que dado que mi sexo legal era masculino yo debía ocupar los camarines asignados para los hombres".
"Totalmente humillada, y siendo impracticable usar el camarín de hombres ya que mi aspecto físico corresponde por completo al género femenino, la única alternativa que se me ofreció era cancelar mi suscripción y devolverme el dinero, lo que finalmente acepté", relató.
"Con su actuar, la empresa demandada me discriminó y discrimina abiertamente, molestándome continuamente en el uso de sus dependencias; denostándome en razón de mi identidad de género; y subiendo ridículamente los precios de sus servicios con el exclusivo objeto de disuadirme de continuar concurriendo a sus instalaciones", agregó Portella.
El abogado del Movilh, Alan Spencer, indicó que en la demanda se exige que la empresa pague una multa de 50 UTM (dos millones de pesos), la prohibición de volver a subir los precios e implementar un programa de capacitación, todo dentro del marco de la Ley Zamudio.
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