Un total de 56 personas trans fueron asesinadas en Paraguay desde 1989, año en que finalizó la dictadura de Alfredo Stroessner, hasta 2013, sin que esos casos hayan sido investigados de forma adecuada.
La asociación, que representa a travestis, transexuales y transgénero,
incluye en los casos denunciados a las personas trans que murieron a
manos de sus parejas y a los asesinatos ocurridos en las penitenciarias.
Añade también a la lista los asesinatos que se produjeron durante el trabajo sexual en la calle y los presuntos suicidios.
"No hay una investigación exhaustiva de estos casos, ni se toman medidas para prevenir estos crímenes de odio", afirmó Rotela, quien critico "la inoperancia de las instituciones para poner fin a estos casos".
"Exigimos que no haya más muertes impunes", agregó.
Rotela explicó que los "asesinatos con alevosía" son la forma más extrema de violencia que padecen las personas trans, pero no la única, ya que a diario se enfrentan a "discriminación, exclusión y abandono".
"Al asumir su identidad de género, las personas trans son a menudo expulsadas de sus hogares, sin poder acabar ni siquiera la escuela primaria. Cuando queremos estudiar, nos obligan a asumir un género con el que no nos sentimos identificadas", relató la activista.
Esta falta de formación, unida a la discriminación laboral, fuerza a las personas trans a no poder ejercer una actividad diferente del trabajo sexual, expuso Rotela.
"Incluso en el trabajo sexual, tampoco se garantizan unas comodidades mínimas. Al contrario, las personas trans son explotadas y agredidas física, verbal y psicológicamente", criticó.
La presidenta de Panambí reveló además que "muchos agentes policiales extorsionan a las trabajadoras sexuales de calle".
Algunas de ellas, además, "caen en la delincuencia o el consumo de estupefacientes", hecho que "deteriora su salud".
A la hora de utilizar los servicios médicos, Rotela indicó que las personas trans "no tienen acceso a una atención integral" y que el personal sanitario "no está preparado" para atender estos casos, ya que "pervive el estigma".
Por otra parte, la activista lamentó que el Senado paraguayo rechazara hace un mes un proyecto de ley contra toda forma de discriminación.
"Rechazar el proyecto excluye a las personas de sus derechos legítimos. Pero, ¿qué podemos esperar de un Senado en el que algunos de sus miembros, cuando ven a personas trans en la calle, bajan la ventanilla del coche y les gritan que son una lacra?", se interrogó Rotela.
Panambí trabaja para presentar en 2016 un anteproyecto de ley que facilite el cambio de nombre y género en los registros públicos en Paraguay, y elimine así las trabas administrativas que enfrentan las personas trans.
"Paraguay tiene que darse cuenta de que existe la diversidad. No pedimos que entiendan nuestra identidad de género, pero sí que la respeten", dijo Rotela.
Paraguay es el único país de la región que no posee una legislación contra la discriminación, según denuncian organizaciones de defensa de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) y de protección de los derechos humanos. EFE
Añade también a la lista los asesinatos que se produjeron durante el trabajo sexual en la calle y los presuntos suicidios.
"No hay una investigación exhaustiva de estos casos, ni se toman medidas para prevenir estos crímenes de odio", afirmó Rotela, quien critico "la inoperancia de las instituciones para poner fin a estos casos".
"Exigimos que no haya más muertes impunes", agregó.
Rotela explicó que los "asesinatos con alevosía" son la forma más extrema de violencia que padecen las personas trans, pero no la única, ya que a diario se enfrentan a "discriminación, exclusión y abandono".
"Al asumir su identidad de género, las personas trans son a menudo expulsadas de sus hogares, sin poder acabar ni siquiera la escuela primaria. Cuando queremos estudiar, nos obligan a asumir un género con el que no nos sentimos identificadas", relató la activista.
Esta falta de formación, unida a la discriminación laboral, fuerza a las personas trans a no poder ejercer una actividad diferente del trabajo sexual, expuso Rotela.
"Incluso en el trabajo sexual, tampoco se garantizan unas comodidades mínimas. Al contrario, las personas trans son explotadas y agredidas física, verbal y psicológicamente", criticó.
La presidenta de Panambí reveló además que "muchos agentes policiales extorsionan a las trabajadoras sexuales de calle".
Algunas de ellas, además, "caen en la delincuencia o el consumo de estupefacientes", hecho que "deteriora su salud".
A la hora de utilizar los servicios médicos, Rotela indicó que las personas trans "no tienen acceso a una atención integral" y que el personal sanitario "no está preparado" para atender estos casos, ya que "pervive el estigma".
Por otra parte, la activista lamentó que el Senado paraguayo rechazara hace un mes un proyecto de ley contra toda forma de discriminación.
"Rechazar el proyecto excluye a las personas de sus derechos legítimos. Pero, ¿qué podemos esperar de un Senado en el que algunos de sus miembros, cuando ven a personas trans en la calle, bajan la ventanilla del coche y les gritan que son una lacra?", se interrogó Rotela.
Panambí trabaja para presentar en 2016 un anteproyecto de ley que facilite el cambio de nombre y género en los registros públicos en Paraguay, y elimine así las trabas administrativas que enfrentan las personas trans.
"Paraguay tiene que darse cuenta de que existe la diversidad. No pedimos que entiendan nuestra identidad de género, pero sí que la respeten", dijo Rotela.
Paraguay es el único país de la región que no posee una legislación contra la discriminación, según denuncian organizaciones de defensa de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) y de protección de los derechos humanos. EFE
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