La
activista Arianna Lint, directora de Transgender Services, habla sobre
la ley HB 583 que prohibiría a las personas trangénero usar los baños
públicos que corresponden al género con que se identifican. Roberto Koltún el Nuevo Herald
Emily García, de 25 años, comenzó su transición de género hace
aproximadamente dos años, pero antes de eso se identificaba públicamente
como un hombre, e incluso estaba casado con su novia de secundaria.
A pesar de la sorpresa que significó su transformación para familiares y conocidos, García pudo encontrar el apoyo que necesitaba de sus seres queridos, incluso el de su esposa, quien se convirtió en su mejor amiga. En la escuela The Art Institute, donde estudia música, García también ha sido respaldada por los directivos y compañeros de clase, y según ella, se le ha respetado su identidad de género.
“Comenzaron a llamarme por mi nuevo nombre de inmediato, y a tratarme como a una mujer”, cuenta.
Aunque pareciera que las comunidades locales están mostrando más aceptación hacia las personas transgénero, en lo que va del año, a los largo de Estados Unidos se han venido impulsado una serie de proyectos de ley que los excluiría de uno de los derechos más básicos: el acceso a los baños públicos.
En varios estados del país, entre ellos Texas, Kentucky y Florida, se están gestionando un conjunto de legislaciones conocidas cómo “Papeles para orinar”; que exigirían a las personas transgénero mostrar los documentos probatorios de que están en un proceso de transición de género hormonal o quirúrgico, para que puedan entrar al baño público correspondiente a su identidad de género. Es decir, que García no podría usar el baño de mujeres si no presenta primero una licencia de conducir donde diga que es de sexo femenino.
De ser aprobada la ley, las personas transgénero que no hayan renovado su licencia podrían ir a la cárcel por 60 días, o pagar una multa de hasta $1,000 por entrar al baño del género con el que se identifican.
“Estamos ante una invasión de nuestras libertades civiles”, dice Arianna Lint, abogada peruana y directora de los servicios a transgénero de la organización SunServe. “La comunidad transgénero se enfrenta a terribles actos de rechazo y violencia a diario, y encima de esto, tendremos que lidiar con que se nos pida una identificación cada vez que queremos orinar. Es una violación a nuestra privacidad, es un trato totalmente indigno”, agrega.
En el caso de Florida, el representante republicano Frank Artiles es el promotor de la polémica ley HB583, que está siendo programada para su tercera discusión ante el Comité de la Cámara de Representantes en Tallahassee, como respuesta a una ordenanza local aprobada el pasado 2 de diciembre en el condado de Miami-Dade. Dicha ordenanza prohíbe la discriminación por identidad y expresión de género.
“Anteriormente las leyes de ese condado sólo especificaban que era ilegal discriminar a alguien por su orientación sexual, pero no decía nada de la identidad de género. Son dos cosas diferentes: la primera es quien te gusta, la segunda es quien eres y como lo manifiestas. Muchas personas no entienden que una persona transgénero no necesariamente es gay”, explica Lint.
La ordenanza establece que es ilegal negarle el acceso a servicios públicos a las personas transgénero, incluyendo el de los baños; lo que para Artiles, significa un gran riesgo a la seguridad pública de mujeres y niños.
“Un depredador podría entrar al baño de mujeres alegando que ese día se “siente mujer”, y así cometer actos de pedofilia y otras desviaciones sexuales. Es inaceptable” dijo el Representante a el Nuevo Herald.
Artiles manifestó que la reforma defiende baños, vestuarios, duchas y cualquier otro tipo de instalación donde haya una razonable expectativa de privacidad” y que son designados para “uso sólo de personas del mismo sexo”.
García afirma que para ella sería una amenaza entrar a un baño de hombres. “Entonces si me sometería a miradas maliciosas, y hasta podría correr peligro”, dice.
Para Gena Leight Duncan, directora de Inclusión Transgénero en Equality Florida; el Representante Artiles está creando un problema mayor. “Esta ley nos margina y le da la idea a la gente de que hacerlo no sólo está bien, sino que es legal”, dice.
Duncan puntualiza en el impacto sicológico que tendría la aplicación de la reforma en una persona transgénero, sobre todo al principio de su transición y en lugares cómo las escuelas. “Las cifras de abuso físico y acoso escolar a niños transgénero son muy alarmantes” agrega. “Ellos no pueden someterse a un tratamiento hormonal o una cirugía invasiva hasta cierta edad. Así que de ser aprobada la ley, tendrán que vivir con el miedo de entrar a los baños y convertirse en blanco de bullying”.
Pero la polémica de los baños públicos llega más allá de complicaciones psicológicas. La directora de políticas del Centro Nacional para la Equidad Transgénero (National Transgender Equality), Harper Jean Tobin, asegura que varias personas transgénero han llegado a su oficina con problemas médicos debido a que esperan todo el día para ir al baño de sus casas. “Están aterrados de que algo les pase si entran a los públicos” dice Tobin.
La abogada también califica a la legislatura de Artiles de “intrascendente e imposible de ejecutar”.
“He leído el proyecto de ley y está lleno de cláusulas de quien puede entrar a cierto baño y bajo cuales circunstancias puede hacerlo, es una idea absurda. Al fin y al cabo se trata de un inodoro, la gente cuando va a el baño, simplemente va”, dice.
Para Tobin, este tipo de leyes sólo consiguen gastar el dinero de los contribuyentes en asunto frívolos y además, terminarían castigando a los negocios que tienen políticas de no discriminación, sometiéndolos a riesgos de demandas por parte de sus clientes y empleados.
“No hay una razón real para una ley así. Los crímenes de los que habla Artiles ya están penalizados. Además, los depredadores sexuales van a comportarse como tal sin importar si una ley les dice que pueden o no entrar al baño”, asevera.
Tobin sostiene que en diferentes estados del país – como Connecticut, Iowa y Massachusetts – hace varios años es legal que las personas transgénero vayan al baño del género con que se identifican y “no ha habido reportes de que alguien se haya aprovechado de esto para violar, acosar o cometer voyerismo”.
Por su parte García asegura que continuará usando el baño de mujeres porque “los baños son públicos, y el derecho a orinar no se le debe negar a nadie”.
“Yo soy quien decido cómo y donde orino” dice.
A pesar de la sorpresa que significó su transformación para familiares y conocidos, García pudo encontrar el apoyo que necesitaba de sus seres queridos, incluso el de su esposa, quien se convirtió en su mejor amiga. En la escuela The Art Institute, donde estudia música, García también ha sido respaldada por los directivos y compañeros de clase, y según ella, se le ha respetado su identidad de género.
“Comenzaron a llamarme por mi nuevo nombre de inmediato, y a tratarme como a una mujer”, cuenta.
Aunque pareciera que las comunidades locales están mostrando más aceptación hacia las personas transgénero, en lo que va del año, a los largo de Estados Unidos se han venido impulsado una serie de proyectos de ley que los excluiría de uno de los derechos más básicos: el acceso a los baños públicos.
En varios estados del país, entre ellos Texas, Kentucky y Florida, se están gestionando un conjunto de legislaciones conocidas cómo “Papeles para orinar”; que exigirían a las personas transgénero mostrar los documentos probatorios de que están en un proceso de transición de género hormonal o quirúrgico, para que puedan entrar al baño público correspondiente a su identidad de género. Es decir, que García no podría usar el baño de mujeres si no presenta primero una licencia de conducir donde diga que es de sexo femenino.
De ser aprobada la ley, las personas transgénero que no hayan renovado su licencia podrían ir a la cárcel por 60 días, o pagar una multa de hasta $1,000 por entrar al baño del género con el que se identifican.
“Estamos ante una invasión de nuestras libertades civiles”, dice Arianna Lint, abogada peruana y directora de los servicios a transgénero de la organización SunServe. “La comunidad transgénero se enfrenta a terribles actos de rechazo y violencia a diario, y encima de esto, tendremos que lidiar con que se nos pida una identificación cada vez que queremos orinar. Es una violación a nuestra privacidad, es un trato totalmente indigno”, agrega.
En el caso de Florida, el representante republicano Frank Artiles es el promotor de la polémica ley HB583, que está siendo programada para su tercera discusión ante el Comité de la Cámara de Representantes en Tallahassee, como respuesta a una ordenanza local aprobada el pasado 2 de diciembre en el condado de Miami-Dade. Dicha ordenanza prohíbe la discriminación por identidad y expresión de género.
“Anteriormente las leyes de ese condado sólo especificaban que era ilegal discriminar a alguien por su orientación sexual, pero no decía nada de la identidad de género. Son dos cosas diferentes: la primera es quien te gusta, la segunda es quien eres y como lo manifiestas. Muchas personas no entienden que una persona transgénero no necesariamente es gay”, explica Lint.
La ordenanza establece que es ilegal negarle el acceso a servicios públicos a las personas transgénero, incluyendo el de los baños; lo que para Artiles, significa un gran riesgo a la seguridad pública de mujeres y niños.
“Un depredador podría entrar al baño de mujeres alegando que ese día se “siente mujer”, y así cometer actos de pedofilia y otras desviaciones sexuales. Es inaceptable” dijo el Representante a el Nuevo Herald.
Artiles manifestó que la reforma defiende baños, vestuarios, duchas y cualquier otro tipo de instalación donde haya una razonable expectativa de privacidad” y que son designados para “uso sólo de personas del mismo sexo”.
De cuando y donde orinar
García asegura que desde que comenzó su transición utiliza los baños de mujeres sin ningún inconveniente. “Están viendo un problema donde no lo hay” dice. “Jamás una mujer me ha dicho algo malo en un baño público, al contrario, me saludan y sonríen. Tal vez al principio de mi transición yo llamaba la atención, pero nunca he sentido que les cause incomodidad o malestar. Sólo una persona con fobia a los transgénero se sentiría así”.García afirma que para ella sería una amenaza entrar a un baño de hombres. “Entonces si me sometería a miradas maliciosas, y hasta podría correr peligro”, dice.
Para Gena Leight Duncan, directora de Inclusión Transgénero en Equality Florida; el Representante Artiles está creando un problema mayor. “Esta ley nos margina y le da la idea a la gente de que hacerlo no sólo está bien, sino que es legal”, dice.
Duncan puntualiza en el impacto sicológico que tendría la aplicación de la reforma en una persona transgénero, sobre todo al principio de su transición y en lugares cómo las escuelas. “Las cifras de abuso físico y acoso escolar a niños transgénero son muy alarmantes” agrega. “Ellos no pueden someterse a un tratamiento hormonal o una cirugía invasiva hasta cierta edad. Así que de ser aprobada la ley, tendrán que vivir con el miedo de entrar a los baños y convertirse en blanco de bullying”.
Pero la polémica de los baños públicos llega más allá de complicaciones psicológicas. La directora de políticas del Centro Nacional para la Equidad Transgénero (National Transgender Equality), Harper Jean Tobin, asegura que varias personas transgénero han llegado a su oficina con problemas médicos debido a que esperan todo el día para ir al baño de sus casas. “Están aterrados de que algo les pase si entran a los públicos” dice Tobin.
La abogada también califica a la legislatura de Artiles de “intrascendente e imposible de ejecutar”.
“He leído el proyecto de ley y está lleno de cláusulas de quien puede entrar a cierto baño y bajo cuales circunstancias puede hacerlo, es una idea absurda. Al fin y al cabo se trata de un inodoro, la gente cuando va a el baño, simplemente va”, dice.
Para Tobin, este tipo de leyes sólo consiguen gastar el dinero de los contribuyentes en asunto frívolos y además, terminarían castigando a los negocios que tienen políticas de no discriminación, sometiéndolos a riesgos de demandas por parte de sus clientes y empleados.
“No hay una razón real para una ley así. Los crímenes de los que habla Artiles ya están penalizados. Además, los depredadores sexuales van a comportarse como tal sin importar si una ley les dice que pueden o no entrar al baño”, asevera.
Tobin sostiene que en diferentes estados del país – como Connecticut, Iowa y Massachusetts – hace varios años es legal que las personas transgénero vayan al baño del género con que se identifican y “no ha habido reportes de que alguien se haya aprovechado de esto para violar, acosar o cometer voyerismo”.
Por su parte García asegura que continuará usando el baño de mujeres porque “los baños son públicos, y el derecho a orinar no se le debe negar a nadie”.
“Yo soy quien decido cómo y donde orino” dice.
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