SACRAMENTO.— A pesar de que han pasado seis años de que Esmeralda Soto, una joven transgénero fue asaltada sexualmente por un guardia del propio centro de detención de migración en San Pedro, en el condado de Los Ángeles, aún recuerda con terror y lágrimas el episodio.
"Fue horrible porque después de eso me deprimí mucho y sentía hasta ganas de suicidarme", relató entre sollozos. El sólo recordar el asalto sexual la perturba. Aunque su agresor fue mandado a la cárcel por seis meses y luego estuvo en libertad condicional por tres años, cuenta que los días que siguieron a la violación fueron un martirio. "Los cuidadores no me trataban bien y me castigaban por la más mínima cosa, sólo porque me había atrevido a denunciar a mi violador", señala.
El asalto sexual contra Esmeralda ocurrió a pocos metros de donde se encontraba su abogada. En un cuarto donde esperaba para verla y por el propio guardia que la cuidaba.
El caso de Esmeralda no es un hecho aislado, los asaltos sexuales en las prisiones estatales, cárceles de los condados y centros de detención migratoria son un problema grande, difícil de medir en toda su extensión, al que aún le queda un largo camino por resolver, pero en el que ya se trabaja en California, dice Linda McFarlane, subdirectora de la organización Just Detention International antes llamada "Detengamos las violaciones en las cárceles", la cual tiene su sede en Los Ángeles.
Precisó que los grupos más vulnerables son: integrantes de la comunidad gay, lesbianas y transgéneros. En segundo lugar, quienes no pertenecen a ese grupo, pero parecen ser parte de éstos; en tercer sitio, las personas discapacitadas; cuarto, quienes padecen una enfermedad mental; quinto, los jóvenes; y sexto aquellos que llegan por una primera ofensa. Por último, quienes han cometido delitos de abuso sexual y violaciones.
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