miércoles, 4 de noviembre de 2009

Trans evaluaron cómo solucionar necesidades

Quito, Ecuador

La homosexualidad en el Ecuador fue derogada como delito en 1998. Sin embargo, según un estudio de Corporación Kimirina, “No soy gay...”, en términos legales el Ecuador no ha armonizado aún su legislación para la promoción de derechos de las comunidades GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales).

Últimamente lo que sí consiguió el colectivo trans es que en sus cédulas se les cambie su nombre masculino por uno femenino o viceversa. Además, la semana pasada Estrella Estévez, mujer transgénero, logró que también el sexo que se registra en su documento de identificación la ubique como perteneciente al género femenino. Ahora lo mismo espera lograr el grupo Silueta X.

Para García, quienes pierden el apoyo familiar se ven en la necesidad de conseguir cualquier tipo de trabajo, que en Ecuador a veces se limita a ejercer la prostitución o labores de belleza.

Es por esto que el segundo problema, que fue considerado como fundamental para este grupo, es la falta de acceso al trabajo, que viene como consecuencia de la falta de formación académica del colectivo.

Para solventar esto, la DPE pretende enviar una propuesta a la Asamblea para que en las universidades y demás instituciones se respete el género de las personas y que no exijan un cambio de estética. También se solicitará la derogación del artículo 606, numeral 12, del Código Penal, que permite detener a quienes “permanecieren mucho tiempo y sin objeto alguno plausible parados en las esquinas de las calles u otros lugares no destinados al recreo de los habitantes”.

Así también, la Policía Nacional reformará el pénsum de formación de sus miembros para que eviten los atropellos con este grupo, así lo afirmó Mack Campos, jefe nacional de Programas de Seguridad Ciudadana.

Campos reconoció que muchas veces la policía comete injusticias, pero afirmó que con la nueva propuesta de estudio se humanizará el trato que los policías dan a todos los miembros de la sociedad.

En cuanto a la salud, Susana Tamayo, directora del Componente de Prevención del Programa Nacional de VIH-sida, explicó: “Dentro de este componente se va a trabajar el tema del acceso a salud de este grupo y ya no solo se abordará el virus de inmunodeficiencia humana, sino sobre las necesidades médicas del grupo. Este proceso es largo, pero ya se inició en ciertos centros de salud de Quito y Guayaquil”.

Tras la reunión, los colectivos trans pretenden sistematizar los acuerdos a los que llegaron en este encuentro y presentarán sus propuestas a la asamblea.

Sin embargo, más allá de las identificaciones, el estudio “No soy gay...” señala que en temas salud y derechos humanos las políticas solo se han focalizado en VIH-sida y derechos de los homosexuales, dejando de lado el resto de los grupos.

Para analizar todos estos aspectos y establecer acuerdos con instituciones del Estado, se realizó, la semana pasada, el Encuentro sobre Vulnerabilidad y Riesgo de la Población Transgénero.

Mabell García, activista de la Asociación de Personas Trans del Litoral, sostuvo que lo primero por hacer es explicar a la sociedad qué significa ser transexual, ya que “las personas creen que un trans es solo un hombre que se viste de mujer”. Pero Mabell explica que el concepto va más allá de la vestimenta, pues “es el sentir femenino o masculino que tiene la persona y gobierna todos los aspectos de su vida”.

De ahí que sostiene que la discriminación a la que son sometidos se da por la falta de conocimiento sobre lo que significa la diversidad de género, por lo que un proceso informativo es lo primero que se debe aplicar.

Rosario Utreras, comisionada nacional de Derechos Individuales y de Género de la Defensoría del Pueblo (DPE), confirma esto y cuenta que en esta dependencia se han recibido 15 denuncias con respecto a violencia ejercida para con este grupo, en especial en centros de rehabilitación, debido al desconocimiento. “Incluso las familias creen que ser trans es una enfermedad mental y las clínicas ofrecen volverlos normales, entonces los internan y allí hasta los torturan”, indica.

Este dato también fue corroborado por la Corporación Kimirina, que al realizar una encuesta a 273 trans en Quito y Guayaquil obtuvo como resultado que son las familias quienes dan las primeras muestras de rechazo y los obligan a abandonar sus hogares.



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