Después del despacho desde el Congreso del proyecto de ley que crea
el Acuerdo de Unión Civil (AUC), las organizaciones sociales de la
diversidad sexual celebraron junto a parlamentarios y el ministro
secretario general de Gobierno (Segegob), Álvaro Elizalde.
Pero sumado a la reivindicación de la unión civil, los representantes
de Iguales y el Movilh también destacaron las materias pendientes: la
filiación de los hijos, el matrimonio igualitario y la ley de identidad
de género, entre otros temas.
En este contexto es que el Gobierno ya prepara una nueva ofensiva
para impulsar el proyecto de identidad de género en el Congreso:
“Concluida la tramitación del proyecto que crea y regula la unión civil,
la prioridad legislativa en materia de diversidad sexual va a ser el
proyecto de ley de identidad de género”, dijo a PULSO la semana pasada
el ministro Álvaro Elizalde, que estuvo a cargo de la tramitación de la
unión civil por parte del Ejecutivo.
A fines de la semana pasada el Movilh e Iguales se reunieron con la
Segegob para evaluar el despacho de la unión civil y coordinar la agenda
de la diversidad sexual.
Según Rolando Jiménez, presidente del Movilh, actualmente existe una
mesa de coordinación de las organizaciones transgénero y transexuales,
donde está la Organización de Transexuales por la Dignidad de la
Diversidad (OTD), el Mums, el Movilh y el Sindicato Amanda Jofré, por lo
que en marzo conformarían “una mesa de trabajo entre el
ministroElizalde, el titular de Justicia, José Antonio Gómez, y las
organizaciones”.
Además, según fuentes oficialistas, el Gobierno enviará una
indicación sustitutiva al proyecto y le pondrá suma urgencia en marzo.
Derecho a la identidad de género
El proyecto de ley de identidad de género fue
presentado en 2013 por los senadores de entonces, Lily Pérez (Amplitud),
Ricardo Lagos Weber (PPD), Juan Pablo Letelier (PS), Ximena Rincón (DC)
-hoy ministra Segpres- y Camilo Escalona (PS). Actualmente está en su
primer trámite en el Senado: ya fue aprobado en general en la sala, pero
permanece estancado en la comisión de Derechos Humanos.
El proyecto busca reconocer y proteger la identidad de género de los
transgénero y transexuales. En concreto, acceder al cambio de la
inscripción relativa al sexo y nombre de una persona en el Registro
Civil e Identificación, como también de las imágenes, fotos u otros
instrumentos de su registro oficial.
La iniciativa entiende la identidad de género como la “vivencia
interna e individual del género tal como cada persona la siente
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado” al
nacer y establece que no será exigible por los tribunales el uso de
medios farmacológicos, psicológicos, psiquiátricos o quirúrgicos para
solicitar el cambio de identidad.
Sin embargo, entre las organizaciones existen distintas posiciones
hacia el proyecto, las que serán abordadas en la mesa de trabajo. Por
ejemplo, Jiménez plantea “que la identidad de género sea definida en
tribunales es una tortura”, y pide que el Registro Civil se encargue del
trámite, que debiese ser “administrativo y no judicial”.
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