El 9 de mayo de 2012 se sancionó la ley 26.743,1 de Identidad de Género, que permite a las personas “trans” (travestis, transexuales y transgénero) obtener documentos personales con el nombre y el sexo de elección. El viernes se cumplieron dos años desde la sanción que representó un triunfo para esa minoría, pero aún queda mucho por hacer.
Desde el registro civil de San Rafael, informaron que son 8 las personas que decidieron cambiar su nombre y sexo. Si bien el número es bajo, hay que tener en cuenta que iniciar el trámite no es una decisión fácil.
Regina Lara y Antonela Arenas ya comenzaron la gestión y nos contaron que decidirse a cambiar su DNI lleva todo un proceso personal difícil de asimilar. Por esta razón es que no acudieron de inmediato a hacer el trámite.
“Para hacerlo tenés que internalizar el cambio”, explicó Lara. Ambas son miembros de la Asociación por la Igualdad Sur, cuyo objetivo es informar a la sociedad y eliminar prejuicios. Desde esta organización, tratan de ayudar a la comunidad LGBT. Ellas nos contaron que hay muchas personas “trans” que aún no se animan a iniciar el cambio de DNI por miedo, falta de aceptación o prejuicios.
Por otro lado, hay un tema que casi se desconoce y que está contemplado dentro de la Ley. Es que, a través de ésta, también se ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Plan Médico Obligatorio. Es decir que se garantiza la cobertura de estos tratamientos en todo el sistema de salud público y privado.
Al respecto, Regina y Antonela nos contaron que es difícil conseguir el tratamiento en el departamento, porque no hay un especialista en los procedimientos endocrinológicos necesarios para estos cambios. Por eso, ellas tuvieron que tratarse en Mendoza. Tampoco pudieron adquirir las costosas drogas en el sistema de salud público. “Que no haya un tratamiento básico ya legislado es triste”, manifestó Lara.
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