¿Quién decide quién soy yo?

Los Estados deben garantizar que las personas transgénero pueden obtener el reconocimiento legal de su identidad de género mediante un procedimiento rápido, accesible y transparente

Carmen López (Amnistía Internacional)

Para entrar en el colegio, acceder a la universidad, sacar un abono transporte, un carnet de biblioteca, solicitar un trabajo, abrir una cuenta en el banco, viajar, en todos los países necesitas presentar tu documentación. Hasta ahí todo dentro de la norma. El problema surge cuando en tu pasaporte o en tu carnet de identidad aparece un sexo diferente al que refleja tu aspecto.

“Tengo nombre femenino en mis documentos”, cuenta a Amnistía Internacional un joven transgénero de 20 años en Finlandia. “Cuando voy a recoger un paquete a correos, se cuestionan si el pasaporte es mío. Cuando intento subir al autobús, el conductor a menudo me acusa de que no es mi tarjeta de transporte, que es la de una mujer”.

 Eefje, belga de 25 años, tras concluir sus prácticas de ayudante de cocina, descubrió que la podrían haber contratado, pero que sus compañeros se habían opuesto porque era transgénero. Su documentación dice que es un hombre. L. Carvalero, en la Universidad de Berlín, no sólo tuvo que soportar las burlas de uno de sus profesores, sino que sufrió tocamientos por parte de éste que quería saber si en su cuerpo de hombre todavía había órganos sexuales femeninos.

Día a día, personas transgénero en toda la Unión Europea se exponen a la discriminación y a la violación de sus derechos fundamentales, porque su apariencia o identidad no corresponde con el género que se le asignó al nacer y que figura en sus documentos de identidad. Pueden sentirse mujeres, hombres, o de camino entre los dos sexos; pueden querer someterse a tratamiento hormonal, a operaciones de cambio de sexo, o pueden optar por no someterse a ninguna de las dos cosas. Pero lo que sí quieren es no tener que enfrentarse día a día a lo que son cada vez que presenten su documentación.

Se desconoce cuántas personas transgénero hay en la Unión Europea (UE), se estima que unas 30.000 están siendo sometidas a tratamientos hormonales o a intervenciones de reasignación de género, según datos de Eurostat. Pero otros informes, estiman que al menos 1,5 millones de personas en la UE no se identifican con el sexo que se les asignó al nacer.
La hija mediana de Sarah, Kelly, nació hombre pero ha afirmado su identidad de mujer desde que tenía cuatro años. Kelly fue muy infeliz y expresó reiteradamente pensamientos suicidas.

Por consejo del psiquiatra, Sarah permitió a Kelly expresar su identidad de género. Kelly sigue teniendo oficialmente nombre y género masculinos, y sigue enfrentándose al rechazo social. Una vez a Sarah la interceptaron e interrogaron en un aeropuerto de Singapur porque la apariencia de Kelly no se correspondía con el género que indicaban sus documentos. “Los funcionarios de inmigración se rieron de nosotras. Fue humillante y a Kelly le afectó mucho. El funcionario de inmigración incluso me cuestionó como madre por dejarla llevar el pelo largo y vestir así”.

Las cifras de la discriminación

En un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Europa, el 29% de los encuestados trangénero dijeron que fueron objeto de discriminación en el lugar de trabajo o en la búsqueda de puestos de trabajo en el año anterior a la encuesta. El 35% de ellos dijeron que habían sufrido violencia o amenaza de violencia durante los cinco años anteriores a la encuesta. El 50% de los que habían sido víctimas de violencia o amenaza de violencia en los 12 meses antes de la encuesta, percibió que habían sido víctimas a causa de su identidad de género. De los que experimentaron la violencia o las amenazas de violencia, dos tercios (64%) se encontraron violencia o amenazas de violencia más de una vez durante los 12 meses anteriores.

 En los últimos años, decenas de personas transgénero han sido asesinadas en Europa - al menos 84 desde enero de 2008, con las cifras más altas en Turquía (34) e Italia (26) . En otras áreas de la vida, el empleo, la educación, el acceso a servicios de salud, vivienda y otros servicios a disposición del público, el 38% de las personas transgénero se sintieron discriminadas.

En 1992, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce por primera vez que cuando un Estado impide el cambio de género en la documentación de las personas transgénero se viola la Convención Europea de Derechos Humanos. Pero desde entonces, éstas personas no han dejado de luchar por el reconocimiento legal de su género sin que se violen sus derechos fundamentales.

16 países europeos no permiten un cambio legal de género. Aunque la mayoría de los países de la UE sí contemplan la posibilidad de cambiar esa situación jurídica, eso sí desde leyes que someten a las personas transgénero a trabas invasivas, degradantes e inhumanas, que vulneran los derechos fundamentales de las personas.

La Organización Mundial de la Salud en la actualidad sigue categorizando “los desórdenes de identidad de género” bajo el epígrafe de “desórdenes mentales y de comportamiento”. Con esta base, todos los países europeos exigen diagnósticos psiquiátricos para iniciar cualquier tratamiento médico e incluso para un cambio de género en la documentación.

Amnistía Internacional en su informe: The state decides who I am: lack of legal recoginition for transgender peopleo in Europe, denuncia cómo en países como Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Bélgica y Alemania las personas transgénero sólo pueden conseguir el reconocimiento legal del cambio de género si son diagnosticadas de trastorno mental, aceptan someterse a tratamientos hormonales, y/o a operaciones quirúrgicas que causan esterilidad irreversible, demuestran que están solteras o se divorcian de sus parejas. Un proceso que puede extenderse durante años. Quienes no quieran someterse a este tipo de tratamientos, o por razones médicas no pueden llevarlos a cabo, nunca tendrán un documento que refleje su género.

Países como España y Portugal tienen leyes algo más avanzadas. En España la ley de 2007, exige para el cambio de género legal un informe psiquiátrico, dos años de tratamiento hormonal y excluye a los menores. Portugal en su ley de 2011, no exige tratamiento hormonal para permitir un cambio legal.

En 24 países en Europa se exige la esterilización forzosa para reconocer legalmente el sexo de las personas, algo que en 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura y Malos Tratos pidió a los Estados que dejaran de hacerlo.

Otros estados como Irlanda, aunque en estos momentos está trabajando una ley al respecto, no contempla ningún tipo de procedimiento para regular el cambio de género legal.

Los derechos humanos no son opción para transgénero

Los Principios de Yogyakarta, en su punto 1, señalan: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos sea cual sea su orientación sexual o identidad sexual tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos”. Sin embargo, disfrutar de todos los derechos humanos en Europa no es una opción para las personas transgénero.

Las personas transgénero se ven obligadas a elegir entre el disfrute de unos derechos humanos frente a otros. Se las obliga a renunciar a derechos como el tener una vida privada, a tener una familia, a seguir casado con su pareja, o a tener sus propios hijos, si quieren tener una identidad de género con la que se identifiquen. Este tipo de elección es totalmente contraria al derecho de toda persona a disfrutar de sus derechos sin ningún tipo de discriminación.
Sarah la madre de Kelly, lo tiene claro, “es importante que tenga documentos que reflejen su género. Eso supondría que no se condena a las personas transgénero a una vida difícil, rodeada de discriminación, incomprensión o prejuicios”.


Y los Estados deben garantizar que las personas transgénero pueden obtener el reconocimiento legal de su identidad de género mediante un procedimiento rápido, accesible y transparente, de acuerdo con su propia percepción de su identidad de género, y al mismo tiempo preservar su derecho a la intimidad y no imponerles requisitos que vulneren sus derechos humanos.

Sarah nos cuenta “Yo sólo quiero que mi hija siga viviendo. Ahora tengo una niña feliz, ¿por qué terminar en una sala de psiquiatría? ¿Por qué terminar con una niña muerta?”.