La Marea
La homosexualidad fue considerada una patología mental hasta 1990. El 17 de mayo de ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la excluyó de su listado de Enfermedades y otros Problemas de Salud. Un gran logro del hoy conocido como movimiento de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales, LGBT. Pero esa “T”, lo trans, sigue siendo para la OMS una patología, un problema de salud. Sin emabrgo ahora en España y en Europa, siguiendo el camino marcado desde Argentina, Andalucía se coloca a la vanguardia en la defensa de la diversidad sexual. El pasado miércoles, 25 de junio, con los votos a favor de PP, PSOE e IU, los tres grupos con representación en el Parlamento de Andalucía, salió adelante la ley integral de transexualidad que, por fin, despatologiza lo trans.
Se trata de una conquista histórica. Una ley que se convertirá en referente internacional y que si ha visto la luz ha sido por la pelea diaria de un colectivo trans andaluz empoderado y peleón. “Si las personas trans hemos podido, todo el mundo puede. La lucha sirve y es el único camino”, resumía el miércoles, a las puertas de la cámara andaluza, Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexual de Andalucía y referente en España de un colectivo que sufre en carnes propias, de forma dolorosa, el desprecio de una sociedad que no es capaz de entender la diversidad humana más allá del binomio de hombre-mujer.
Tampoco se puede pasar por alto el panorama político andaluz para comprender este paso de gigante. Izquierda Unida, que entró en el gobierno autonómico en 2012, incluyó la ley integral en el pacto de gobierno con el PSOE. Y fue ALEAS Andalucía, el área LGTB de IU, el que exigió a su formación política la inclusión de una ley prometida en su día por el PSOE, que dejó en 2009 la promesa guardada en un cajón, junto a un borrador de la ley.
La de Andalucía no es la primera ley integral de transexualidad. Ya Navarra, en 2009, y País Vasco, en 2012, aprobaron leyes integrales. Pero la andaluza es la primera del estado español y de Europa que parte de dos principios clave: la despatologización y la autodeterminación del género. El gran artículo de esta ley, el 6.2, recoge que “ninguna persona será obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertar de autodeterminación de género”. Pero, ¿cómo se ha estado coartando hasta ahora estos derechos?
En 1999, Andalucía se convirtió en la primera comunidad autónoma en ofrecer desde su servicio público de salud la asistencia sanitaria a personas trans: hormonación y cirugías. De nuevo Andalucía volvía a marcar un camino que siguieron el resto de comunidades, con la puesta en marcha de lo que entonces se entendió como un gran avance: la Unidad de Trastorno de la Identidad de Género, que pasaría a llamarse en 2011 Unidad de Transexualidad e Identidad de Género. La conocida como UTIG, ubicada en el Hospital Provincial de Málaga. Un avance que conllevaba una trampa, el tratamiento de la transexualidad como una patología.
Hasta 1999, y de forma desigual, había unidades de Endocrinología, el médico de las hormonas, de varios hospitales andaluces que atendía sin ningún tipo de problema a las personas trans, suministrándoles las hormonas. Incluso se llegó a realizar alguna cirugía. Pero la puesta en marcha de la UTIG conllevó la aplicación de los llamados “protocolos internacionales” que, entre otros aspectos, hace que el paciente tenga “superar” unos test psicológicos que le hagan ser apto para acceder, primero a la hormonación, y después, en caso de que la persona trans lo desee, a la cirugía.
Estos test fueron denunciados ante la Fiscalía por ATA, al considerar que vulneraban los derechos humanos. “¿Sientes presencias extrañas?”, “¿Te duchas desnuda o con ropa?” o “¿por qué vienen en pantalones?” (le preguntaron a una chica trans), eran algunas de las preguntas que se les hacía. Así, fueron excluidas personas que sufrían algún tipo de enfermedad mental o cuyo comportamiento o forma de vestir no se adecuaba a lo que se considera propio de un hombre o una mujer.
Protección a los menores trans
Andalucía, su ley integral y la lucha de los colectivos, también han sido referente en visibilizara la realidad de los menores transexuales. El año pasado la Fiscalía, tras la denuncia de padres y madres de menores trans, investigó el trato recibido por varios alumnos. La situación se normalizó en todos excepto en uno, el colegio San Patricio de Málaga, concertado y propiedad del Obispado de Málaga. A Gabi, una menor trans, se le negó ser tratada como lo que es: una niña. Tras varios meses de lucha, y ante la inacción de la Consejería de Educación, la menor tuvo que abandonar el centro.
Artículo 19.3. Se reconoce el derecho de los y las menores transexuales a desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y plena, así como en condiciones de libertad y dignidad. Esto incluye la determinación y el desarrollo de su propia identidad de género, y el derecho a recibir la documentación acreditativa prevista en el artículo 10.
Artículo 19.6. Los menores sujetos de esta Ley, tienen pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad.
Estos dos artículos garantizarán los derechos de los menores trans, a la vez que permite a la Administración andaluza contar con una base legal para exigir a los centros cumplir con las exigencias y protocolos marcados para garantizar el libre desarrollo de los menores trans.
Pero mientras en Andalucía el colectivo celebra la conquista, el resto de comunidades siguen atendiendo y tratando a las personas trans bajo el duro, injusto y obsoleto paraguas de la patologización, la gran demanda de un colectivo que en Andalucía ha demostrado su fuerza y su razón. Un colectivo que también ha escenificado su divorcio y ruptura con los colectivos de lesbianas y gays, a los que acusan de haber dejado los derechos de las personas transexuales en un segundo y olvidado lugar.
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