El 18 de Julio fue publicada en el BOJA la “Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía”, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
La Asociación de Transexuales de Andalucía, celebra este avance social, que ha costado más de cinco años de negociaciónes con los partidos políticos que han presentado la Ley, y un par de anuncios de huelga de hambre; uno para que se reanudara el grupo de trabajo de la ley y otro, para que se fijara fecha de registro y que su contenido respondiera a las demandas que desde los colectivos representativos de las personas trans habíamos propuesto.
La ley Andaluza, es una Ley pionera en la despatologización de la transexualidad y en el reconocimiento de la libre autodeterminación del género como derecho humano. Ambas cuestiones la hacen una de las leyes más avanzadas de España, Europa y también a nivel mundial, en lo que se refiere al reconocimiento de derechos de las personas transexuales y por ser una herramienta contra la discriminación por identidad de género.
¿Por qué decimos que despatologiza la transexualidad? Porque reconoce la transexualidad como una expresión de la diversidad humana y no como una “enfermedad” o “trastorno de la identidad”, esto significa que las personas transexuales dejarán de ser objeto de evaluaciones o diagnósticos psicológicos obligatorios para acceder a los tratamientos médicos o quirúrgicos. Será reconocida la identidad de género libremente determinada.
“Recibir una atención integral y adecuada a nuestras necesidades sociales, sanitarias, jurídicas, laborales y educativas, entre otras, en igualdad efectiva de condiciones y sin discriminación con el resto de la ciudadanía, es una de las garantías para alcanzar la igualdad”, declara Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera.
Instamos al Gobierno Andaluz, al pronto desarrollo de reglamentos, procedimientos y protocolos que la hagan efectiva, para que no quede simplemente en una declaración de buenas intenciones, o una operación de marketing, consistente en “vender” avances que en realidad no se ponen en práctica. Para ello, es necesario contar con la colaboración de las entidades de personas transexuales que conocen la realidad transexual, sus necesidades y las consecuencias de la mala praxis que hasta ahora se ha venido realizando. “Cuando un colectivo es invisibilizado, no existe, no tiene derechos ni puede luchar por ellos. Al no dar voz a un colectivo, no existen modelos reales de ese grupo y puedes imponer el tuyo", añade Cambrollé.
ATA, considera una cuestión URGENTE desarrollar el “procedimiento” de atención sanitaria, para que dicha atención sea como dice la Ley, en igualdad de condiciones y en centros de proximidad, evitando así la segregación que nos estigmatiza y discrimina, y anulando las evaluaciones o diagnósticos psicológicos obligatorios. Pero sobre todo, lo que desde ATA entendemos que es imprescindible es, apartar de la atención a personas transexuales, a los “profesionales” que hasta ahora han sido perpetradores de una praxis inhumana y patologizante que, durante años, nos han tratado como “enfermas y enfermos mentales”, vejándonos, humillándonos y atentando contra nuestro honor, nuestra intimidad y despojándonos de forma sistemática de lo mas importante en la vida de cualquier persona; nuestra dignidad.
Es una afrenta que las personas transexuales sigan siendo atendidas por esos “profesionales”. Es no reconocer el error, el daño y el dolor que muchos adolescentes, familias y personas transexuales hemos sufrido, y una incoherencia política e institucional, que invalida cualquier discurso en favor de la igualdad y la no discriminación.
Es una oportunidad para ser un referente mundial, saldar una deuda con las personas transexuales, las cuales, en muchos momentos hemos visto como se han vulnerado en un estado democrático y con gobiernos progresistas, nuestro derecho a ser atendidas de nuestras necesidades sanitarias, como cuando se excluyó por real decreto 63/1995, de 20 de enero, de la cartera de prestaciones del SNS (Servicio Nacional de Salud) la transexualidad, concretamente de la cartera de servicios en el punto 5 del anexo III de ese real decreto.
La ministra socialista, Ángeles Amador fue quien firmó este decreto. Posteriormente, el real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, de la nueva cartera de prestaciones del SNS no excluye expresamente la transexualidad, pero no la incluye. Se podría “interpretar” su inclusión en mérito del apartado 5.1.5 del anexo III del real decreto, pero bajo el criterio de las Consejerías de Sanidad autonómicas y del servicio autonómico (andaluz, catalán, vasco, madrileño, gallego, etc) de salud. Esto ha provocado que, no exista una atención normalizada de la transexualidad en todas la Comunidades Autonómicas, dejándonos a criterio e interpretación de cada Comunidad.
Se puede dar un salto histórico en avances sociales y civiles para la Comunidad Trans, pero para ello, sería obligatorio también reconocer los errores del pasado y rectificar. No en vano, si apelamos a la Memoria histórica de nuestro colectivo, este reconocimiento debería ser un primer paso ineludible. Ni la formación de nuevos profesionales, ni la atención sanitaria pueden venir de la mano de aquellos que han creído y creen que la transexualidad es un “trastorno de la identidad” y cuyas praxis han causado dolor, sufrimiento y vejación sistemática de nuestros derechos humanos fundamentales.
La igualdad real en todos los ámbitos, aún la tenemos que conseguir, ello depende de nosotras y nosotros, lo hemos demostrado al registrar esta ley hasta su aprobación por unanimidad. El que ahora sea efectiva esta ley, es una asignatura pendiente y lo vamos a conseguir.
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