jueves, 15 de enero de 2015

España: Extremadura financiará el cambio de sexo y la reproducción asistida en lesbianas

 

La futura Ley de Igualdad Social y contra la Discriminación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales en Extremadura recogerá entre sus preceptos un protocolo de transexualidad que garantiza la financiación por parte de la sanidad pública todo el proceso de cambio de sexo, así como el derecho de las lesbianas a ser madres utilizando técnicas de reproducción asistida. Consideran la protección social más avanzada de todo el país

El proyecto de esta Ley ha sido registrado este jueves en el Parlamento regional, y se espera que, tras su tramitación parlamentaria, esté definitivamente aprobada antes de que termine la legislatura el próximo mes de mayo, dando así cumplimiento a una reivindicación "histórica" del colectivo en los últimos 20 años. La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María de los Ángeles Muñoz, acompañada por los responsables de la Fundación Triángulo, José María Núñez, y de Extremadura Entiende, María Luisa González, ha presentado posteriormente en rueda de prensa los detalles de la nueva Ley.

Así, además de recoger las reivindicaciones del colectivo, sus representantes consideran que se convertirá en la norma de protección social más avanzada de todo el país en materia de igualdad y de no discriminación por razón de orientación sexual o de identidad de género. En este sentido, Muñoz ha detallado que la norma contempla, además, medidas de protección contra la violencia intragénero, que incluye las mismas ayudas económicas que ya perciben las víctimas de la violencia de género en parejas heterosexuales, con el fin de propiciar su independencia económica.

La Ley también recoge la creación de un Observatorio de lucha contra homofobia y la transfobia, protocolos policiales, formación de los empleados públicos (sanitarios, educadores, funcionarios, etc) e incluso establece un régimen de infracciones y sanciones contra la discriminación que contempla multas económicas por un importe máximo de 45.000 euros.



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