La procuradora especial de la Diversidad Sexual de Nicaragua, Samira
Montiel, pidió hoy incluir a las personas transgénero en la
controvertida Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que ha
ocasionado polémica en el país centroamericano.
"La Ley 779 (ley que castiga la violencia de género) debe reconocer
como un femicidio aquellos actos de violencia hacia una persona
transgénero", consideró la funcionaria, en declaraciones al Canal 12 de
la televisión local.
"También debe reconocer los actos de violencia hacia lesbianas", agregó.
Según Montiel, "las personas transgénero son las que más sufren
violencia en Nicaragua: son asesinadas o violentadas, pero la ley no
reconoce la existencia de estas personas".
"La diversidad de género es un derecho. En nuestra sociedad existe
una comunidad de personas transgénero, o sea que nacieron hombres
biológicamente pero que viven una vida como mujeres", alegó.
Por su lado, la coordinadora de postgrado de la Universidad
Centroamericana (UCA) y experta en derecho constitucional, María
Asunción Moreno, explicó a periodistas que el espíritu de la Ley 779 es
"proteger a la mujer en las relaciones desiguales de poder entre hombres
y mujeres".
Moreno indicó que la ley contra la violencia hacia las mujeres
castiga a los hombres en seis de diez delitos, y que las féminas también
pueden ser acusadas si no denuncian un acto de violencia de género.
La ley contra la violencia hacia las mujeres impone la pena máxima de
30 años permitida por el código penal nicaragüense a los hombres que
cometan el delito de violencia de género y no permite la mediación,
aunque la mujer perdone al hombre.
Esa imposibilidad de la mediación ha sido uno de los argumentos
utilizados en los cuatro recursos de inconstitucionalidad presentados
contra la ley ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha
pronunciado sobre ninguno de ellos.
La ley también tipifica como delito únicamente la agresión de hombres hacia mujeres.
Un grupo de abogados independientes y miembros de la iglesia
evangélica Asamblea de Dios se manifestaron el viernes pasado ante la
Suprema Corte para protestar contra esa ley por considerar que crea
desigualdad entre el hombre y la mujer y desintegra a la familia.
En tanto, funcionarios del Poder Judicial, incluidos jueces que ven
casos de violencia de género, se manifestaron ese mismo día a favor de
esa ley y demandaron a la Corte declare su constitucionalidad.
La Corte Suprema estudia la posibilidad de incluir la figura de la mediación en la ley que castiga la violencia de género.
El Movimiento Amplio de Mujeres de Nicaragua, que reúne a 105
organizaciones femeninas del país, defiende la ley y ha pedido
públicamente al Supremo que declare su constitucionalidad.
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