La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de Agnes Torres Sulca, activista transgénero y defensora de los derechos humanos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) en México, cuyo cuerpo fue encontrado el 10 de marzo en una barranca de Puebla.
El organismo internacional citó datos recabados según los cuales Torres Sulca contribuía con diversos colectivos y, entre otras acciones, trabajaba en la reivindicación de los derechos de personas LGTBI, y participó en la promoción de iniciativas de ley ante el Congreso de Puebla.
"La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables", expuso en un comunicado.
"Las defensoras y defensores de las organizaciones que promueven y defienden los derechos de las personas LGTBI desempeñan un rol fundamental en la región, tanto en el control social del cumplimiento de las obligaciones estatales como, en general, en el proceso de promoción de los derechos humanos de las personas LGTBI".
El sábado fueron presentados Marco Antonio Berra Espezzia, Agustín Flores Zechinelli y Luis Fernando Bueno Mazzoco, de 19, 22 y 18 años respectivamente, así como un menor de edad, implicados en la muerte de la activista.
Víctor Carrancá Bourget, Procurador de Justicia, informó que los presuntos asesinos confesaron haber matado a la activista, oriunda de Tehuacán, para robarle un vehículo Volkswagen Gol modelo reciente.
No obstante, la Comisión Interamericana urgió a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de Torres fue cometido en razón de su identidad de género y/o en razón de su labor de defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI.
Asimismo, la CIDH llamó a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de los derechos humanos de las personas LGTBI y de quienes defienden sus derechos.
En el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH destacó la gran cantidad de información recibida sobre asesinatos, amenazas y criminalización de las actividades de defensores y defensoras de las personas LGTBI, así como sobre la ausencia de un enfoque diferenciado para la investigación de las violaciones de sus derechos humanos.
El informe establece que un obstáculo frecuente en la región para la debida investigación y sanción de los responsables de crímenes cometidos en contra de personas LGTBI es que suelen clasificarse como crímenes pasionales, y no se abren líneas lógicas de investigación que tengan en cuenta si el delito fue cometido en razón de la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
"La CIDH reitera que los ataques a la vida de las defensoras y los defensores de derechos humanos, cuando son cometidos en represalia a su actividad, producen un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares", agregó.
"La labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia".
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